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El Gobierno busca crear nuevos mecanismos que movilicen inversiones en eficiencia energética

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha abierto a consulta pública previa el proyecto de Real Decreto por el que se regulará un mecanismo para acreditar que las empresas incluidas en el sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética han cumplido con parte de las obligaciones derivadas del mismo. En concreto, la finalidad de esta nueva normativa será la creación de un mecanismo que, con carácter complementario y dada la situación económica actual tras el impacto de la pandemia del Covid-19, permita que los sujetos obligados puedan sustituir parte de su aportación económica al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), necesaria para cumplir con el objetivo de ahorro de energía establecido para el periodo 2021-2030, siempre que sean capaces de acreditar ahorros de energía final suficientes mediante Certificados de Ahorro Energético (CAEs). De esta forma, se genera "un nuevo instrumento que dote de mayor flexibilidad el impulso de inversiones en eficiencia energética y, con ello, los objetivos establecidos", informó el Ministerio. Esta norma contribuirá a cumplir con los objetivos marcados por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, que marca la senda de reducción de emisiones en la presente década y que espera alcanzar un 39,5% de mejora de la eficiencia energética en 2030. La reducción del consumo de energía primaria propuesta equivale a una mejora de la intensidad energética primaria -la energía que se necesita para generar una unidad de Producto Interior Bruto (PIB) en el país- del 3,5% anual hasta 2030, lo que redundará de manera positiva en el conjunto de la economía española. Según indicó el Ministerio, para poder alcanzar estos valores, "que suponen un incremento relevante respecto a los objetivos de eficiencia energética vigentes hasta el momento", es necesario activar nuevos mecanismos e instrumentos que se sumen a los…
La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado este martes que el Ejecutivo remitió ayer, lunes, las dos 'fichas' relativas a la reforma laboral y de las pensiones públicas en el marco del Plan de Reformas e Inversiones, sin incluir finalmente la elevación a 35 años del cómputo de la vida laboral para calcular las pensiones. Así lo ha señalado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha detallado que los dos últimos componentes del Plan de Reformas e Inversiones se elaboraron y remitieron a Bruselas "en la tarde de ayer" y se han abordado en una reunión con los agentes sociales, al tiempo que ha recordado que se encuadran también en la "hoja de ruta" desplegada por el Gobierno de coalición desde el acuerdo de investidura. Montero ha explicado que la elaboración de los "dos últimos componentes" del Plan de Recuperación -reforma laboral y pensiones- y del resto ha conllevado un trabajo "muy intenso" por parte de todos los departamentos del Ejecutivo, que envió antes de final de 2020 la "gran parte" de reformas e inversiones, sobre las que prioritariamente proyectará los 72.000 millones de transferencias que recibirá España de fondos europeos hasta 2023 y los 60.000 millones del Plan de Recuperación. La ministra ha confirmado que el último borrador enviado a Bruselas sobre la reforma de las pensiones "no lleva ningún tipo de alteración respecto a lo que actualmente existe" sobre el cómputo de las pensiones, por lo que finalmente el Ejecutivo ha decidido no incluir la propuesta de ampliar a 35 años el cómputo de la vida laboral para calcular las pensiones. En todo caso, ha indicado que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, está dando "muestra" en el diálogo social de que el…
El Comité Ejecutivo de la CEOE, reunido a primera hora de este martes, ha aprobado por unanimidad la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 31 de mayo ofrecida por el Gobierno, con lo que el camino a un nuevo acuerdo social para extender este instrumento queda despejado. "Los órganos de Gobierno de CEOE, reunidos este martes con carácter ordinario, han decidido por unanimidad aprobar el documento sobre la prórroga de los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTEs) hasta el próximo 31 de mayo", apunta el comunicado remitido por la patronal, que también ha dado su apoyo a la petición de ATA de dar protección y ayuda a los autónomos que se están viendo afectados por las limitaciones de aforo y actividad por orden administrativa. La Ejecutiva de CCOO está analizando también a esta hora la última propuesta del Gobierno para prorrogar los ERTE, aunque el sindicato ya se ha mostrado a favor de dar continuidad a esta herramienta. UGT, por su parte, ya informó a su Ejecutiva la semana pasada del contenido de la propuesta del Gobierno y Cepyme, que se prevé que siga los pasos de CEOE, ha convocado a su Ejecutiva para esta misma tarde. De esta forma, Gobierno y agentes sociales volverán a sellar por acuerdo pleno una nueva prórroga de los ERTE, que mantendrá en términos muy similares la regulación actual, vigente hasta el 31 de enero. La última propuesta del Gobierno plantea la prórroga de todos los ERTE sin necesidad de nuevas autorizaciones administrativas, lo que ahorrará costes de gestión y burocráticos, según fuentes del diálogo social consultadas por Europa Press. Al mismo tiempo, introduce un mecanismo automático de cambio entre los llamados ERTE de impedimento y de limitación para que se pueda transitar entre ambos tipos de…
La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha asegurado este lunes que el Gobierno aprobará "en breve" una medida para permitir que las familias españolas puedan solicitar hasta el próximo 31 de marzo moratorias en el pago de sus hipotecas y de créditos al consumo. "Estamos trabajando en una extensión del mecanismo de expedientes de regulación de empleo (ERTE). Igualmente, aprobaremos en breve la extensión de las moratorias de créditos hipotecarios y no hipotecarios hasta el 31 de marzo, en línea con el marco europeo recientemente aprobado", ha explicado El Gobierno ya puso en marcha la moratoria hipotecaria y la moratoria de créditos al consumo al inicio de la pandemia para aliviar la carga de las familias más afectadas por el parón en la actividad económica. En julio las extendió para que pudieran solicitarse hasta el 29 de septiembre de 2020. En las últimas fechas, Unidas Podemos ha reclamado al PSOE que se recuperaran algunas de las medidas que finalizaron el pasado septiembre, como precisamente las moratorias para créditos hipotecarios y no hipotecarios, para hacer frente a las consecuencias sociales y económicas que provocará la tercera ola del virus. Calviño ha hecho estas declaraciones a los medios antes de participar en una reunión por videoconferencia de los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro (Eurogrupo) en el que los Diecinueve debatirán entre otras cuestiones las medidas que han desplegado para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia de coronavirus.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos reales decretos que desarrollan la ley de auditoría, modificando los planes de contabilidad por los que se rigen las empresas, con el objetivo de mejorar la transparencia y la confianza de los inversores. Según ha avanzado la ministra portavoz, María Jesús Montero, se trata de dos textos normativos que adaptan las leyes españolas a la normativa europea y modernizan los sectores de la auditoría y la contabilidad. Uno de los reales decretos aprobados establece un reglamento de desarrollo de la ley de auditoría, detallando las condiciones, requisitos y formalidades que deben cumplir los profesionales de la auditoría, al tiempo que desarrolla un régimen sancionador, con lo que se trata de mejorar la transparencia en la función supervisora que se atribuye al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). El reglamento detalla los mecanismos para evitar el conflicto de intereses o para dar a conocer los requisitos de documentación que se elaboran por los trabajos de auditoría. En concreto, se obliga a emitir un informe anual de transparencia para los auditores de entidades de interés público. La ministra portavoz ha señalado que estas normas mejorarán la labor de la actividad de auditoría e incrementará la confianza de los inversores del mercado español. "Esta actividad de auditoría de cuentas cumple una importantísima función pública y, por tanto, es necesario mantener un marco normativo que esté modernizado y que se enmarque en el contexto de la normativa europea para ofrecer confianza a las empresas que son auditadas y, sobre todo, a las empresas terceras que actúen en el mercado y que confían en la información que ofrecen los auditores", ha explicado Montero. En cuanto al segundo real decreto aprobado este martes, su objetivo es actualizar los planes de contabilidad que rige al sector…
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha valorado "muy positivamente" la propuesta del Gobierno para la subasta de los 20 MHz de espectro en la banda entre 3,4 y 3,8 GHz, pero propone que el adjudicatario pague de forma anualizada el importe fijado y las concesiones se definan en bloques de 5MHz, como ocurrió en la anterior subasta en la misma banda celebrada en el verano de 2018. En su informe sobre al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la CNMC valora "muy positivamente" el proyecto de Orden, puesto que avanza en el proceso de poner a disposición del mercado los recursos radioeléctricos necesarios para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas y en particular para el despliegue de redes 5G. En este sentido, subraya que la licitación de los 20 MHz previstos permitirá acometer la necesaria reordenación de la banda de 3,4-3,8 GHz, para que los distintos operadores puedan disponer de sus bloques de frecuencias contiguos y de esta forma poder ofrecer a los usuarios todo el potencial de la nueva tecnología móvil en esta banda. En cuanto al proceso de subasta en sí mismo, la Comisión defiende que las condiciones fijadas por el Ministerio deberían ser análogas a las de la última licitación similar, las aprobadas para el procedimiento que se llevó a cabo en 2018 en el que se licitaron 200 MHz en la banda de 3,4-3,8 GHz. Así, señala que "en líneas generales" el proyecto presentado cumple con esta premisa, siendo la mayoría de cláusulas equivalentes a las del de 2018. Por ejemplo, el modelo de subasta simultánea ascendente de múltiples rondas elegido es el mismo que en 2018 y los importes fijados para acreditar la solvencia económica, financiera, técnica y profesional son equivalentes, adaptándolos al volumen licitado. Por el contrario,…
Los trabajadores que hayan agotado su prestación contributiva de paro, el subsidio por desempleo o la renta activa de inserción entre el 14 de marzo y el 30 de junio dispondrán de un plazo adicional de un mes para poder solicitar el subsidio especial de 430 euros mensuales que aprobó el Gobierno a principios del pasado mes de noviembre. Este subsidio pudo pedirse desde el 6 al 30 de noviembre y ahora se abre una nueva ventana, de un mes, para poder solicitarlo. La medida ha sido incluida en el decreto de apoyo al comercio, la hostelería y el turismo aprobado por el Consejo de Ministros. Este plazo adicional de un mes empezará a contar a partir de la publicación de esta norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según ha señalado el Ministerio de Trabajo. Este subsidio de naturaleza económica equivale al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) vigente en cada momento (430 euros mensuales en la actualidad) y su duración máxima es de tres meses. Para acceder a esta ayuda especial, los solicitantes deben haber agotado todas sus prestaciones (contributivas, asistenciales, Renta Activa de Inserción) entre el 14 de marzo y el 30 de junio y estar en desempleo e inscritos como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo. Además, podrán acceder al subsidio las personas que estén cumpliendo el mes de espera para acceder al subsidio de agotamiento de la prestación contributiva. Esta ayuda no es compatible con la percepción de renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayudas análogas de cualquier administración pública. Para acceder al subsidio, que gestiona el SEPE, no se exige acreditar la carencia de rentas ni la existencia de responsabilidades familiares.
El sector de la logística y el transporte ha alertado este jueves al Gobierno de que “no es momento para subir los impuestos” ya que “sólo hablar de contrarreformas laborales frena la creación de empleos”. Así lo ha reseñado la Asamblea General de UNO, la Organización Empresarial de Logística y Transporte, que ha reunido a las empresas del sector en un encuentro en el que han rechazado los anuncios de subidas fiscales contempladas por el Ejecutivo para este próximo año. Como uno de los sectores que más empleo ha creado en el país pese a la situación de crisis provocada por la pandemia del coronavirus, la patronal UNO ha pedido al Gobierno varias medidas que le permitan continuar en dicha línea. La primera es “reducir la carga impositiva de las empresas y de los ciudadanos, tal y como han hecho Portugal, Francia, Italia, Alemania y Grecia”. Según apunta el presidente de UNO, Francisco Aranda, “aquí no sólo se han eliminado impuestos, sino que se anuncian unos Presupuestos Generales del Estado con subidas fiscales, lo que supone un golpe a la generación de empleo y a la actividad empresarial”. Pero no es lo único. La patronal también “urge a modernizar el actual marco laboral” al considerarlo como “antiguo y anticompetitivo”. Para ello, desde UNO solicitan “incluir a todo el personal afectado por ERTEs en programas de formación y captación de nuevas habilidades y competencias profesionales para alienar completamente la oferta y demanda de empleo y evitar así la sangría laboral de todos los que se encuentran en esta situación”. Y, para evitar la insolvencia de muchas empresas, “establecer un mecanismo de gastos compartidos entre empresas y Estado para asumir los necesarios reajustes de las empresas”, lo cual también incluye una reducción de “la burocracia que vive el tejido empresarial” que ralentiza…
El Gobierno, a través del Ministerio de Educación y Formación Profesional, ha regulado la concesión de subvenciones directas por un valor global de hasta 30,6 millones de euros a CEOE, Cepyme y UGT para la realización de acciones formativas de digitalización aplicadas al sector productivo. Así lo recoge este miércoles un Real Decreto-ley, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en el que se precisa que estas acciones formativas irán destinadas a formar, en el primer año, a 125.000 trabajadores de cualquier ámbito o sector y sin requisito de pertenencia o afiliación a ninguna de las organizaciones beneficiarias. En concreto, la norma contempla una subvención directa por un importe máximo de 15,3 millones de euros a la CEOE para la formación en digitalización de 62.500 trabajadores; de 5,1 millones a Cepyme para formar 20.833 trabajadores, y de 10,2 millones a UGT para impartir formación a 41.667 trabajadores. Los trabajadores participantes en esta acción formativa podrán tener la condición de ocupados por cuenta ajena o por cuenta propia, incluyendo los trabajadores que mantengan una relación de carácter temporal con las Fuerzas Armadas. Se dará prioridad a la participación de los trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) y una de las condiciones exigibles para tener acceso a la subvención es que exista un mínimo del 20% de mujeres inscritas en la acción formativa. El importe máximo de la subvención por alumno, entendiendo como tal el que complete al menos el 80% de la formación, será de 245 euros. Para aquel alumnado que no complete el 80% del tiempo estimado de la formación se considerará como imputable al proyecto y gasto justificable un 10% del máximo previsto, equivalente a 24,5 euros. Las organizaciones beneficiarias de la subvención tendrán que desarrollar y ejecutar una acción formativa en digitalización…
El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha afirmado este martes que el Gobierno no congelará el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2021 y ha resaltado que el Ejecutivo y su Ministerio valoran "de manera muy entusiasta" la política de subida del salario mínimo que se ha producido en los últimos años. Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al encuentro mantenido con los agentes sociales para abordar la subida de cara al próximo año, donde ha puesto en valor que el Gobierno quiere convertir el trámite de consulta del SMI en una negociación sobre cuál debe ser la cifra más adecuada que debe regir en el suelo de los salarios en 2021. El secretario de Estado ha dejado claro que "congelar el salario es una opción descartable" y que "así lo ha hecho saber en la mesa", ya que "sería una anomalía desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores". "Esto solo ha ocurrido dos veces, en 2012 y 2014, y fue una señal nítida de la respuesta de austeridad a la crisis. Esta crisis es distinta y las soluciones son netamente distintas", ha remarcado. Asimismo, ha hecho hincapié en que el Gobierno viene practicando una política laboral decidida de rentas, que está manteniendo a las empresas, trabajadores y el poder adquisitivo, y ha afirmado que es necesario que las partes más débiles, "quienes menos tengan", también vean impulsado su salario. También ha indicado que elevar el SMI es "imprescindible" también para que el país se alinee con Europa. El secretario de Estado ha afirmado que el Gobierno quiere dar cumplimiento a la carta social europea y alcanzar, a final de la legislatura, un SMI que esté en el 60% del salario medio. El secretario de Estado volverá a reunirse el…