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El Gobierno busca crear nuevos mecanismos que movilicen inversiones en eficiencia energética

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha abierto a consulta pública previa el proyecto de Real Decreto por el que se regulará un mecanismo para acreditar que las empresas incluidas en el sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética han cumplido con parte de las obligaciones derivadas del mismo. En concreto, la finalidad de esta nueva normativa será la creación de un mecanismo que, con carácter complementario y dada la situación económica actual tras el impacto de la pandemia del Covid-19, permita que los sujetos obligados puedan sustituir parte de su aportación económica al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), necesaria para cumplir con el objetivo de ahorro de energía establecido para el periodo 2021-2030, siempre que sean capaces de acreditar ahorros de energía final suficientes mediante Certificados de Ahorro Energético (CAEs). De esta forma, se genera "un nuevo instrumento que dote de mayor flexibilidad el impulso de inversiones en eficiencia energética y, con ello, los objetivos establecidos", informó el Ministerio. Esta norma contribuirá a cumplir con los objetivos marcados por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, que marca la senda de reducción de emisiones en la presente década y que espera alcanzar un 39,5% de mejora de la eficiencia energética en 2030. La reducción del consumo de energía primaria propuesta equivale a una mejora de la intensidad energética primaria -la energía que se necesita para generar una unidad de Producto Interior Bruto (PIB) en el país- del 3,5% anual hasta 2030, lo que redundará de manera positiva en el conjunto de la economía española. Según indicó el Ministerio, para poder alcanzar estos valores, "que suponen un incremento relevante respecto a los objetivos de eficiencia energética vigentes hasta el momento", es necesario activar nuevos mecanismos e instrumentos que se sumen a los…
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado que Renfe exija a personas que demandan empleo en la compañía el pago de 10 euros para poder participar en el proceso de selección abierto actualmente en su página web y con el que pretenden incorporar a 57 nuevos trabajadores. La OCU defiende que es "lamentable que una entidad pública utilice este tipo de prácticas y aproveche la precariedad laboral para generar ingresos" cuando considera los afectados son además desempleados, con "más dificultad para afrontar cualquier tipo de gasto". La OCU defiende que los procesos de selección, "especialmente si proceden de una entidad pública", sean abiertos a la participación de cualquier candidato y que los costes se sufraguen "con los impuestos que ya pagan los ciudadanos". La OCU exige a la compañía, presidida por Isaías Táboas, que cese la práctica y devuelva a los candidatos la cantidad que éstos ya han abonado.