Tan claro y contundente como polémico y puntiagudo. Daniel Lacalle (Madrid, 1967) es uno de los economistas más conocidos en España, en buena parte por su dilatada trayectoria de reconocimientos a nivel nacional e internacional. Sus dotes de comunicación le han granjeado una importante presencia en medios como El Español y hasta La Sexta, un medio con una línea editorial muy alejada de su pensamiento. Liberal sin complejos, asesor económico de la Fundación Concordia y Libertad y simpatizante del cartel del líder del PP, Pablo Casado, Lacalle desgrana para Capital una visión económica llamada a impregnar el debate público en los próximos meses.
La eterna pregunta: ¿en España pagamos muchos o pocos impuestos?
La cuña fiscal de empresas y familias, esto es, lo que pagamos en impuestos con respecto a lo que ganamos, es muy alta. El 80% de los ciudadanos considera que paga demasiados impuestos. Sin embargo, el ratio recaudatorio, es decir, ingresos fiscales con respecto al PIB, es inferior a la media europea. ¿Cómo puede suceder esto? Porque esa cuña fiscal, creciente con los años, supone un límite al crecimiento económico; porque las empresas son mucho más pequeñas - incluidas las que llamamos grandes - que las de otros países europeos; y porque en España hay mucho más paro que en la media de los países de Europa.
Cuando se habla de política económica se piensa principalmente en el empleo. ¿Cuál es el problema de España?
España tiene una tasa de desempleo medio del 20% desde los años 80. La fiscalidad y la burocracia existente desde entonces no parecen haber ayudado a resolver el problema. Cada cierto tiempo además viene una ola de populismo que dice que la solución a los males endémicos es gastar más y subir todos los impuestos. Eso frena nuestra capacidad de obtener inversión y no mejora la seguridad jurídica e inversora, lo que se agrava en un país como el nuestro, de autónomos y pequeñas y medianas empresas. La negociación de las grandes políticas de empleo, en cualquier caso, se hace entre agentes que representan a un porcentaje muy pequeño tanto de los trabajadores como de los empresarios. En la negociación de las condiciones del empleo, entre Gobierno, sindicatos y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la mayoría de los empresarios y trabajadores sale perdiendo.
¿A qué se refiere?
A que una subida del SMI de 900 euros la pueden soportar las empresas grandes. Telefónica o Iberdrola pueden soportar una subida del sueldo… ¿pero lo puede aguantar un bar? Muchas pequeñas y medianas empresas no pueden hacerlo, y España es un país de pequeñas y medianas empresas. Son políticas que justamente generan lo que dicen combatir.
La desigualdad salarial…
La primera causa de desigualdad es el desempleo. Si lo que quieres es reducir la desigualdad, tienes que reducir el desempleo. Está lo que se dice la ‘paradoja de la redistribución’: cuando tú centras la política exclusivamente en la redistribución nunca reduces la desigualdad ni la pobreza, ya que destruyes el potencial de crecimiento y de creación de la riqueza; más en un país con mucha deuda, paro y pequeñas empresas, e incluso micropymes. La igualdad es una consecuencia del progreso del empleo y del crecimiento; no es una política. No tenemos un problema importante de desigualdad. En cualquier caso, creo que ya tenemos claro que la cuña fiscal no ayuda a reducir el desempleo. En España siempre se plantea el debate desde el punto de vista de que el país recauda menos que la Unión Europea. Es verdad que recaudamos cuatro puntos menos que la media de la UE…pero también es verdad que España tiene más del doble de paro. Hemos estado poniendo el objetivo en el lugar incorrecto.
¿Cómo se reduce el paro?
La fiscalidad tiene que apuntar al crecimiento y a generar empleo, no a destruirlo, algo a lo que han contribuido tanto la fiscalidad como la burocracia que penalizan la creación de empleo. Algo de eso hay en la subida del SMI, un típico engaño del populismo actual y también del que hemos vivido en el pasado: anunciar unas supuestas subidas nominales que luego en términos reales se quedan en nada, o son hasta reducciones. Este subterfugio de la subida del SMI afecta a un porcentaje mínimo del número de trabajadores, y al resto, al subir la base mínima de cotización de impuestos, le acaba reduciendo su renta disponible o salario neto. El problema mayor son los Presupuestos con subterfugios presentados por el presidente Pedro Sánchez, que ponen todavía más escollos a la creación de empleo.
¿Qué escollos?
Los mayores costes para contratar y la subida de impuestos, además de la eliminación de deducciones valiosas, como las del empleo indefinido y juvenil (bonificación por contratación a trabajadores menores de 35 años), que han funcionado muy bien. En cualquier caso, lo peor de estos Presupuestos es que son una mentira: incluyen un mes más de ingresos para cuadrar los presupuestos, una irresponsabilidad. No hay evidencia de que el Estado vaya a obtener los ingresos que se dicen. La media de los análisis independientes dice que los Presupuestos están inflados en unos 3.500 millones, mientras que Funcas eleva la inflación presupuestaria a 10.000 millones. Ningún análisis independiente dice que no estén inflados. Lo peor de todo, aún así, no es que los ingresos estén inflados, sino que por la parte del gasto se esté financiado un aumento del gasto corriente para aumentar el gasto clientelar de algunas comunidades autónomas sin ningún tipo de control.
Vox propone eliminar las autonomías…
No puedo opinar realmente sobre el programa económico de Vox porque creo que no lo han presentado; solo han mostrado unas medidas generales. La más complicada y menos gris es la idea de que eliminando las autonomías se ahorraría mucho dinero…, es la medida más cuestionable entre las anunciadas por ellos. Pero también hay que ver qué es lo que ellos plantean, porque no hay propuestas concretas. Me recuerda un poco a cuando Podemos decía que hay que impagar la deuda. Hay que tener cautela con lo que dice Vox. No quiero opinar sobre ello hasta que no esté hilvanado en un programa.
A usted como economista, ¿qué opinión le merece el modelo de las autonomías?
Soy un defensor del modelo autonómico. He escrito sobre un modelo autonómico eficiente en el que la financiación de la autonomía sea más cercana al ciudadano. También creo que la responsabilidad crediticia es un elemento esencial que hay que aumentar. No podemos estar en un sistema en el que todas las autonomías se consideren infrafinanciadas y exijan tener déficit, porque entonces no se convierte en un sistema positivo. El modelo autonómico ha tenido muchos éxitos, pero también el problema de la falta de responsabilidad crediticia en muchos casos. En Europa tienes ejemplos de sistemas descentralizados como el alemán, que tienen mucho éxito, y muy centralizados, como el de Francia, que no lo han tenido. Creo que un sistema centralizado en sí mismo pierde mucha eficacia a la hora de ofrecer cercanía entre las autoridades y los ciudadanos. Eso sí: tampoco se puede permitir que algunas comunidades se conviertan en un infierno fiscal, con cada vez más impuestos, y que luego pidan más de la caja común para compensarlo. Más autonomía debe suponer más responsabilidad. No es solo gastar; también es ser responsables en una fiscalidad adecuada al crecimiento.
¿Cuál sería la primera medida que recomendaría tomar a Pablo Casado en materia de fiscalidad?
En materia de impuestos ya se ha hablado de una revolución fiscal orientada al crecimiento y a un aumento de las bases imponibles. Se trata de bajar impuestos para crecer más y generar empleo, recaudando no solo más, sino mejor. Así lo que haces es atraer unos ingresos que son más duraderos con respecto al tiempo, con más fortaleza y con más capacidad de crecer. En el caso del impuesto a la renta de las personas físicas creo que no solo hay que reducir la carga de los tramos, sino simplificarlos. ¿Por qué? Porque ahora mismo, con los tramos tal y como están, hay unas rentas que hasta un nivel no pagan nada, luego hay unas rentas que pagan un porcentaje igual de alto en un tramo relativamente amplio, y luego en los tramos siguientes la carga aumenta de forma muy agresiva. Creo que hay que simplificar los tramos y reducir la carga en cada uno. Paralelamente, las cuotas sociales hay que bajarlas porque suponen un escollo al empleo y no suponen una mejora de los ingresos del sector público.
¿Cuáles son los grupos que considera más perjudicados actualmente y que deberían recibir un apoyo extra?
En este sentido creo que lo prioritario es una bajada del impuesto de la renta - con un tipo máximo del 40% - y de sociedades - del 10% -, y una eliminación de los impuestos al ahorro. Paralelamente apostamos por ampliar la reforma laboral. El Gobierno actual no parece querer derogarla, entre otras cosas porque se está apuntando los resultados de la misma en los últimos datos de paro. Cuando hablamos de ampliarla, hablamos de facilitar más la contratación, reducir el número de tipos de contrato y los trámites burocráticos.
¿Tiene estimaciones de impacto en cifras de todas estas medidas?
Estas ideas son ideas, y deben hilvanarse en un programa económico definido antes de dar cifras.
Entrevista publicada en el número de febrero de 2019 de la Revista Capital.
