Stephanie Kelton, asesora del político demócrata norteamericano Bernie Sanders, comentaba hace unas semanas en la cadena CNBC que el crecimiento de la deuda no es preocupante si la inflación no es demasiado alta. De hecho, sostenía que Japón lleva mucho tiempo viviendo sin problemas con una deuda elevada (235% del PIB), y que no es cierto -como dicen los contrarios a endeudarse- que las próximas generaciones tengan que soportar una pesada carga debido a su incremento. Como ejemplo ponía que la clase media americana solo podía tener motivos de agradecimiento por poder habido emerger tras la inversión monetaria realizada después de la II Guerra Mundial.
Kelton no teme por los ingresos. No cree que vaya a haber recesión en Estados Unidos, y estima que el país va a seguir creciendo los diez próximos años. Para ella es un caldo de cultivo perfecto para subir los impuestos y gastar más; lo contrario a lo que ha hecho el actual presidente, Donald Trump, al que acusa de haber hecho más ricos a los ricos con su bajada de impuestos.
Como es lógico, estas tesis, perfectamente asumibles por las políticas económicas de izquierda españolas (PSOE, Podemos), no son compartidas por sus oponentes. Además de subir impuestos, la izquierda es también aficionada a la hiperregulación. Chris García, que trabajó con Donald Trump en el gobierno americano, nos contaba las ventajas que, en su opinión, ofrecen sus postulados republicanos. Han conducido a la economía de EEUU a un vigoroso crecimiento del 3,5%, por encima de las expectativas, y a la menor tasa de desempleo desde 1969, un 3,7%: “Bajar los impuestos, algo que mantendremos hasta el final de la legislatura, ha sido importante, pero aún lo ha sido más la desregulación. Esa liberación de leyes y cargas burocráticas se ha traducido en un ahorro de 23.000 millones de dólares para los negocios y las familias americanas en los dos primeros años de mandato de Trump. Por contraposición, Obama aumentó los costes en 245.000 millones con los excesos regulatorios de sus dos primeros años de Gobierno”.
Gastar más puede servir al candidato a presidente para obtener más votos, y a los beneficiados, para conseguir un dinero o unas ventajas que quién sabe si permanecerán. Otra cosa es que venga bien para el país. Estados Unidos está pagando 65.000 millones de dólares en intereses por la deuda heredada de Obama, si bien le están ayudando los ingresos fiscales récord que está obteniendo con la política de impuestos bajos diseñada por Trump. El Gobierno de Rajoy tuvo que lidiar con un incremento del gasto público que comenzó con Aznar y alcanzó unas dimensiones descomunales con Solbes y Zapatero. Mientras que el líder del PP lo aumentaba un 1,5-2% anual, el Gobierno del PSOE lo elevó de 120.000 millones a 180.000 entre 2004 y 2011, según el catedrático Pedro Fraile, con una subida anual de 7.500-8.000 millones.
Ese ritmo de crecimiento del gasto público no tenía parangón en Europa, y se lo tuvo que “comer” Mariano Rajoy. La pelea contra el déficit y la deuda resta foco y recursos a la estrategia de crecimiento, y ahora parece que la historia puede repetirse. Los Presupuestos presentados por Pedro Sánchez, cuya línea ya ha anunciado que estaría dispuesto a seguir si gobierna, proponen un aumento del gasto público del 5,8%, una cifra superior al crecimiento previsto del PIB nominal. Dicen que se compensaría con una subida de impuestos y la aparición de nuevos, pero el Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) ya han indicado que el cálculo de sus ingresos está hinchado. El desfase entre ingresos y gastos repercutiría en un punto más de déficit del estimado, según el Círculo de Empresarios; o lo que es lo mismo, 10.000 millones de euros más para el agujero de la deuda, que sigue rondando el 100% del Producto Interior Bruto.
Los perceptores del aumento del salario mínimo interprofesional (excluidos los que se quedarían sin empleo por esta medida, según BBVA), los pensionistas, los mayores de 52 años que recibirán subvenciones o los que ven incrementado su tiempo de permiso de paternidad, estarán muy contentos durante un tiempo, pero habrá que ver su reacción cuando el ciclo baje, caigan los ingresos y algún Gobierno o la UE obligue a dar marcha atrás en alguna de estas medidas. No hay que olvidar que en el rescate de Grecia las pensiones de 1.000 euros se redujeron en un 45%. Aunque estamos muy lejos de su situación, no hay nada como proponérselo para acercarse.
Juan Ramón Rallo piensa que el Gobierno de Sánchez va en esa línea. “Se le ve más enfocado en cuadrar el déficit por el lado de los ingresos, con impuestos, que en hacerlo reduciendo los gastos. Va a hacer que la economía se desacelere más. No nos va a poner en una posición financiera mejor a largo plazo”, sostiene este economista.
Daniel Lacalle ve un error que el Gobierno recaude el dinero y decida dónde va: “No tiene mayor ni mejor información que el sector privado. Si hay necesidades de inversión, ya las verá el sector privado con las señales de precio y de la economía adecuadas”.
Lacalle no ve una buena idea que se incentive al sector público a malinvertir y malgastar. Piensa que es muy peligroso “dar dinero gratis al Gobierno para financiar elefantes blancos. No hay una evidencia empírica de que las decisiones de inversión del Gobierno sean correctas o mejores; tampoco de que no vayan a generar desequilibrios en la economía. La creación de dinero nunca es neutral. Sus primeros receptores se benefician desproporcionadamente. Es como si se diera una subvención monstruosa a un sector con los beneficios y salarios de otros sectores”.
A este economista no le parece oportuna la idea de que los ahorros y salarios del sector privado nutran los excesos de creación de dinero para financiar al Gobierno. La situación le recuerda a la Argentina de Kirschner o a la Venezuela de Maduro: “Esa política ha tenido efectos devastadores en muchos países. El que crea que ahora va a ser diferente tiene un problema con la estadística y con la realidad”.
Imprimir dinero para el pueblo, como promovían Kirschner, Maduro o los partidos de izquierda, no tiene nada que ver con el Quantitative Easing (QE), la mayor facilidad de acceso al dinero impulsada por la Unión Europea, aunque Lacalle no está de acuerdo con él: “No es imprimir dinero para financiar el gasto público. Es un mecanismo de transmisión, vía sistema financiero y privado, que evita el exceso de inflación y que se destruya el valor de la moneda”. El QE “es aumentar el crédito”.
Lacalle recalca que es un error imprimir dinero, aumentar la masa monetaria, y relativiza aumentos del gasto público producidos en EEUU. En su libro Viaje a la libertad económica explica las consecuencias del New Deal, el plan de políticas intervencionistas puesto en marcha en 1933 en EEUU por el presidente Roosevelt para revertir la Gran Depresión de 1929. Recuerda que el gasto público no rebasó en aquella época el 28%. En España está en el 42%. Economistas liberales como Fernando Méndez Ibisate sostienen que no debería superar el 30%.
Lacalle añade que Estados Unidos cuenta con la ventaja de que su moneda es reserva mundial. La utilización de dólares es mucho más alta fuera de Estados Unidos que dentro. Pese a ello, considera que imprimir dinero en exceso sería una política “alocada” para ellos; más aún en el caso de la Unión Europea, que no posee el euro como moneda de reserva mundial.
Sin embargo, este tipo de políticas, entre las que ha llegado a incluirse salirse del euro, se lleva haciendo toda la vida. Partidos como Podemos o Izquierda Unida están en esa órbita. “Durante años han hablado de imprimir moneda para la inversión pública. Es la forma encubierta de la expropiación comunista para captar el ahorro y la riqueza y dárselo al Gobierno: poner los bienes, servicios y riqueza económica a favor del Gobierno”, sostiene Lacalle.
Este economista también ve inconvenientes en las propuestas de empleo del Gobierno. “Las tecnologías disruptivas, verdes, de eficiencia energética, no crean empleo. Hay una base inmoral en todo esto, y es pensar que el Gobierno sabe más acerca de cómo crear empleo que el sector privado. Eso es falso”, afirma Lacalle.
Frente al aumento de gasto público, Lacalle propone la eficiencia: “Como ocurre en todos los sectores de todo el mundo, siempre se puede mejorar en la reducción de costes y la mejora del servicio”. Recortar lo inservible: “Tan solo eliminando los millones de gasto político de las administraciones paralelas andaluza, catalana y de otras comunidades que se proponían en los Presupuestos de Sánchez de 2019, se acabaría el déficit”. Y terminar con las actuaciones fraudulentas. Ahí están “los casi 2.000 millones de subvenciones sin justificar pagadas por la Junta de Andalucía; una mentira predicada por los que van a seguir destruyendo la economía real. Sería el impacto de la bajada de impuestos en el peor de los casos, pero, para gastar, no tienen problema”.
Como nos recordaba en una reciente columna en esta revista el profesor Fernando Méndez Ibisate, los políticos siempre mostrarán las necesidades y bondades del gasto público, nunca sus excesos, costes, anomalías o aberraciones en sus actividades e intervenciones. Habrá que ver qué supone cada gasto que nos proponen, y pedir responsabilidades en consecuencia, si no queremos pasarlo mal.
Publicado en Capital en abril de 2019.
