El año pasado el 20% de los fondos de inversión nacionales se catalogaron como sostenibles
Conceptos como los de sostenibilidad, cambio climático, mejoras sociales o buena gestión empresarial han ido ganando importancia en la sociedad en los últimos años, sobre todo a raíz de la pandemia. De hecho, la conocida como inversión ESG ha pasado de ser un nicho de mercado a un componente relevante en la toma de decisiones.
La inversión sostenible no es algo nuevo ni mucho menos. De hecho, a final de la década de los 90 se lanzó el Dow Jones Sustainability Index, el primer índice global que introducía criterios de sostenibilidad. Poco después, en el año 2005, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio un gran paso con la puesta en marcha de los Principios para la Inversión Responsable.
En este sentido, ¿qué requiere una inversión para ser considerada responsable? Debe cumplir con unos criterios ambientales, sociales y de gobernanza denominados ESG, el acrónimo de Environmental, Social y Governance por sus siglas en inglés. En España, a esta estrategia de inversión se la conoce también como ASG (Ambiental, Social, Gobierno Corporativo).
En el aspecto Ambiental o Environmental se incluyen aquellas cuestiones relacionadas con el medio ambiente. En cuanto al criterio social, se busca que las inversiones redunden en una mejor calidad de vida de la sociedad. Es el caso de las mejoras en las condiciones laborales de los empleados, la inclusión de personas con discapacidad en las plantillas, la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres o corporaciones que luchan contra el trabajo infantil o la mano de obra barata. En el caso del Gobierno Corporativo o Governance, se hace referencia a la gestión que hacen los altos cargos de la compañía. En este sentido, se ponen sobre la mesa conceptos como transparencia, eficiencia o responsabilidad.
La aplicación de estos criterios ha ido ganando terreno año tras año como demuestra el mercado español. Así, en el año 2009 la inversión sostenible suponía apenas un 13% sobre el total de activos, mientras que en 2020 este porcentaje ya alcanzó el 54%, siendo la primera vez que las inversiones con características de sostenibilidad superaban a las tradicionales, según Spainsif. Asimismo, desde la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO), informan que el patrimonio en fondos de inversión nacionales etiquetados como sostenibles alcanzó, a cierre de 2021, los 64.429,8 millones de euros, el 20,3% del total de activos bajo gestión.
Unas cifras a las que, indudablemente, ha contribuido el SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), o Reglamento Europeo de Divulgación que el pasado 10 de marzo cumplió su primer año de vigencia y que empuja a las gestoras a etiquetar sus productos sostenibles como artículo 6, artículo 8 o artículo 9. ¿Qué implica cada uno? Así los explican desde Finect:
- Artículo 6: “sin objetivos de sostenibilidad”. Es decir, productos de inversión que no consideran riesgos ESG o que se declaran expresamente como “no sostenibles”.
- Artículo 8: que “promueven iniciativas sociales y ambientales junto con los objetivos de resultados tradicionales”. Esto quiere decir que, a pesar de no contar con un objetivo sostenible específico o definido, sí buscan promover las llamadas características ESG.
- Artículo 9: “con objetivos explícitos de sostenibilidad”. Son todos aquellos productos de inversión que cuentan con un claro objetivo de sostenibilidad que deberán reflejar, así como la forma en la que se está buscando conseguirlo.
Según los datos recopilados por Morningstar, a cierre de 2021 el 42% de los activos en fondos distribuidos en la Unión Europea eran ya artículo 8 o 9, frente al 37% de finales de septiembre, y esos activos sostenibles sumaban 4 billones de euros.
Es de esperar que la inversión sostenible siga creciendo. Sobre todo, teniendo en cuenta que a la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros (MiFid II) introducirá un cambio a partir del 2 de agosto de 2022 de gran calado para los asesores financieros, quienes deberán preguntar a los clientes por sus preferencias en materia de sostenibilidad para el denominado test de idoneidad, que determina el perfil de riesgo del inversor. Dependiendo de las preferencias de los clientes, habrá que ofrecer productos que se ajusten a las mismas.
En este contexto, ocho de cada diez entidades consultadas por el Observatorio Inverco (81%) afirman que registrarán a lo largo de este año fondos que siguen criterios de inversión socialmente responsable. La mitad de las entidades considera que es el resultado de un mayor impulso desde las propias entidades, siendo la generación de los millennials (de 28 a 40 años) la más concienciada con la inversión ESG, seguida de los centennials (de 18 a 27 años).
La más básica, pero la más extendida
Existen diferentes estrategias a la hora de construir una cartera sostenible: exclusión, screening basado en normas, best-in-class, fondos temáticos, integración ASG, engagement (activismo accionarial a través del diálogo activo) y voting (activismo accionarial a través del derecho a voto), o inversiones de impacto.
Como refleja el informe de Spainsif, La inversión Sostenible y Responsable en España, el criterio de exclusión, el basado en excluir a determinadas compañías o sectores industriales que puedan generar controversia como el armamentístico, el de juegos de azar o el tabacalero, “se considera la estrategia más básica en la inversión sostenible. A pesar de ello, es la más ampliamente extendida. Es frecuente que las gestoras y propietarios de activos apliquen exclusiones mínimas y comunes a todas sus carteras, independientemente de su relación con los criterios ASG, y que, sobre ellas, se vayan añadiendo otros criterios o estrategias para definir sus productos”.
Según los datos disponibles, en 2020 la temática más evitada dentro de las organizaciones encuestadas fueron las inversiones en bombas de racimo y minas antipersona, con un 79% de las respuestas, seguido de las armas de destrucción masiva con un 67%. El 21% de las organizaciones encuestadas evita cualquier tipo de actividad relacionada con la producción y comercio de armas.
En el caso de España, por primera vez desde que se tienen datos, la exclusión, como estrategia única, ha dejado de ser la más utilizada. La cifra de activos en 2020 estaba valorada en 64.039 millones de euros, un 28% del total. En 2009 prácticamente el total de la ISR correspondía a exclusiones. Por su parte, ninguna de las entidades internacionales encuestadas por Spainsif utiliza la exclusión como estrategia única.
Al contrario de lo que ocurre con el criterio de exclusión, la estrategia que más peso ha ido ganando es la integración ASG, que supone la aplicación de criterios ambientales, sociales y de buen gobierno al análisis de rentabilidad/riesgo de las carteras. En 2020 el 45% de los activos e basaron en la integración ASG alcanzando una cifra de 154.433 millones de euros. “Se considera una de las estrategias más sofisticas, y, en 2020 y 2021, ha adquirido especial relevancia tras la entrada en vigor de diferentes normativas que incentivan la incorporación de los aspectos ASG en la toma de decisiones”, destaca el estudio.
En tercer lugar, se sitúa el screening basado en normas, con un 13% del total. Implica la selección de activos de acuerdo con el cumplimiento de estándares internacionales y normas basadas en criterios ASG, como las publicadas por la OCDE, Naciones Unidas, Pacto Mundial, la OIT, UNICEF o ACNUR. “Esta estrategia puede ser fácilmente opacada por el uso de otras más desarrolladas y este porcentaje solo corresponde a los activos gestionados bajo esta única estrategia o la compartida con la de exclusión simple”, explican desde Spainsif.
Con respecto a la tipología del inversor, sigue destacando el institucional, entre los que se sitúan como principales las mutuas y compañías de seguros, fondos de pensiones de empleo, fundaciones y organizaciones benéficas. El peso de inversor retail en el mercado español sigue creciendo, pasando del 19% al 21%, pero se sitúa todavía por debajo de la media mundial.
