Las empresas en riesgo de liquidez llegan tarde a concursar por falta de herramientas administrativas y una mentalidad pesimista por parte de los empresarios
La evolución de los concursos y disoluciones se ha incrementado exponencialmente durante estos últimos dos años debido a la crisis resultante de la pandemia, que congeló el número de concursos hasta hasta 2021 y que ha impedido ver hasta un año después sus efectos. Las microempresas son las más afectadas por esta problemática y donde se ha generado una mayor incidencia de este fenómeno, sobre todo en los sectores de construcción e inmobiliarias y comercio.
En el último mes de marzo, los concursos superaron la cifra más alta de todo el año con 614 empresas en proceso concursal. Esto supone una plantilla de 5.031 de empleados junto a una facturación resultante de casi 500 millones de euros (429.365.041 €). El número de empresas que tienen que ser intervenidas se reduce a un 3% con respecto a febrero, y han llegado a sumar 1.633 empresas concursadas durante este trimestre. Asimismo, las localidades donde se presenta una mayor incidencia son Madrid y Andalucía, también en sectores como comercio y construcción. No solo eso. Según el grupo Informa D&B, los concursos empresariales de tipo exprés, es decir las empresas cuyos empresarios o inversores no creen recuperar, representan casi 53,70% de la tasa. Esta cifra viene a explicar que los empresarios españoles prefieren cerrar la empresa antes que costear su mejoría.
“Esto demuestra que el sistema concursal no les ofrece las ayudas ni las herramientas necesarias a los empresarios”, explica la directora de Estudios y Calidad del grupo, Nathalie Gianese. Los concursos tienen la función de hacer la empresa viable en un momento en el que la empresa se encuentra en problemas, pasando a manos de un administrador concursal con el objetivo de que la empresa continúe a flote.
Los datos más altos de insolvencia se vieron con la llegada de 2021, llegando a cifras que no se observaban desde 2015. La crisis económica provocada por la Covid-19 ha generado que muchas empresas desembocaron en falta de liquidez. El establecimiento de la moratoria concursal orientada a proteger el tejido productivo del país y el cierre de los registros mercantiles por el confinamiento, ha significado que en 2020 se viera la cifra más baja en materia de concursos en los últimos 10 años. No obstante, la paralización ha derivado en consecuencias a posteriori con un aumento destacable en los meses consecutivos.
Construcción, industria y comercio son los tres sectores económicos donde más incidencia de concursos y disoluciones hay desde 1997 hasta nuestras fechas. Construcción representa un 30,61% del total mientras que comercio el 21% e industria el 19%. Ahora bien, el sector con un mayor número de concursos es la construcción debido a que es un sector al que le afectan tanto las causas exógenas macroeconómicas como la inversión, que experimenta un auge generalmente en épocas de recesión económica además de poseer una estructura empresarial interna deficitaria y que la pone en peligro cuando deja de producir.
Del total de las empresas concursadas en marzo, el 85, 18% son entidades pequeñas. Las microempresas conforman la mayor parte del entramado empresarial del país, casi un 98% del total, según el marco estratégico en política de Pymes. En esta categoría entran todos las sociedades que tienen una plantilla de 10 trabajadores y menos de 2 millones de euros de volumen de negocio. Uno de los sectores donde más abundancia de microempresas hay es en el sector servicios, muy vulnerable a recesiones económicas, cambios estacionales y aumento de los precios.
La nueva legislación que aumentará los concursos
En el caso de España, tradicionalmente, la concursalidad es muy baja con respecto a otros países europeos. Ello hace necesario mejorar los procedimientos de insolvencia y permitir a la empresa reestructurarse. Según informa el Ministerio de Justicia, el Gobierno aprobó la directiva para la reestructuración e insolvencia de las empresas que fue lanzada en diciembre de 2021. Se pretendió promover así que las empresas que se hallen en dificultades tengan un acceso efectivo de reestructuración preventiva, permitiéndoles continuar con su actividad.
Un problema estructural de la legislación española para la reestructuración de las empresas es la necesidad de regular la profesión de los administrativos concursales. Así lo recuerda a Capital Áticus Ocaña, socio de derecho concursal de EY Abogados, que destaca que la ley es innovadora pero es necesaria infraestructura, profesionales sometidos a regulación y una mentalidad empresarial que pretenda someterse a la ley concursal en el caso de problemas. Las empresas españolas prefieren suspender la concursalidad ante la insolvencia aunque ésta sea gradual y pueda ser intervenida.
Es así que el nuevo proyecto de ley hace hincapié en la reestructuración empresarial, la exoneración de deuda, la prevención temprana de situaciones de concursalidad y el mejoramiento de los procesos de insolvencia. La exoneración de la deuda permite que la persona responsable de la entidad no caiga en la marginalidad o economía sumergida, favoreciendo los “fresh starts”. No obstante, aunque la ley sea innovadora números empresas llegan a manos del legislador en un estadio casi de insolvencia. “En España existe un estigma negativo hacia la palabra concurso” según explica el experto, ya que las estadísticas demuestran que las empresas que se acogen a la ley concursal acaban en liquidez porque llegan demasiado tarde.
