El Consejo de Información Financiera (FRC, por sus siglas en inglés) del Reino Unido ha decidido imponer una sanción de 4,8 millones de libras (equivalente a 4,2 millones de euros) a la firma de auditoría Ernst & Young. Esta medida se deriva de los errores cometidos en las auditorías realizadas a Thomas Cook durante los ejercicios de 2017 y 2018, años previos a la quiebra de la compañía en 2019. Junto a esta multa, EY ha recibido una «severa reprimenda» pública, junto con la notificación de que sus informes de auditoría de esos años no han cumplido con los requisitos necesarios. Además, se ha emitido una orden para que la firma implemente medidas correctivas para evitar futuras infracciones.
El socio de Ernst & Young, Richard Wilson, también ha sido sancionado con una multa de 105.000 libras esterlinas (92.450 euros) y la obligación de proporcionar las mismas declaraciones que su empresa. Estas sanciones han sido dictadas considerando la gravedad de las infracciones y la situación financiera del auditor, evaluada a través del volumen de negocio de la firma.
Ambas partes admitieron incumplimientos «graves» en áreas críticas como el deterioro del fondo de comercio y el principio contable ‘going concern’
El saldo del fondo de comercio de Thomas Cook era considerable, alcanzando 2.600 millones de libras (aproximadamente el 40% de los activos totales de la compañía). Durante los ejercicios auditados, el FRC destacó que Ernst & Young y su socio no abordaron adecuadamente este aspecto, manifestando que faltó «suficiente escepticismo profesional» al evaluar las suposiciones y estimaciones presentadas por la empresa.
En relación al principio contable ‘going concern’, que determina si una empresa puede seguir operando en el futuro cercano, el FRC criticó la falta de cuestionamiento por parte de los auditores hacia la dirección sobre aspectos cruciales como la liquidez y las pruebas de sensibilidad. Esto les impidió determinar con precisión si existía una incertidumbre material que pudiera afectar la capacidad de Thomas Cook para continuar operando.
En conclusión, el FRC ha señalado que, como resultado de estas deficiencias, las auditorías no alcanzaron su objetivo principal: proporcionar garantías razonables sobre la ausencia de incorrecciones significativas en los estados financieros. No obstante, el organismo no ha afirmado que los saldos de 2017 o 2018 fuesen «erróneos» o que la adopción del principio contable de empresa en funcionamiento fuera inapropiada.
