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El TSXG fija una indemnización de 10.000 euros por cada tres años de abuso en las AAPP

El TSXG concede 10.000 euros por cada tres años de abuso de temporalidad en administraciones públicas, promoviendo futuras reclamaciones

El TSXG fija una indemnización de 10.000 euros por cada tres años de abuso en las AAPP
Por Redacción Capital

Una sentencia reciente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) establece una indemnización de 10.000 euros por cada tres años de abuso de temporalidad en las administraciones públicas. Este fallo, emitido en julio de 2026, se produce tras el recurso de un empleado de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil que denunció abuso de temporalidad. Anteriormente, el TSXG ya había concedido una indemnización similar a una trabajadora de la Xunta en un caso parecido.

Los trabajadores afectados en estos casos sufrieron periodos de temporalidad de 22 y 15 años, respectivamente. Según la resolución del tribunal, la compensación puede calcularse tomando como referencia la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Lisos), estableciendo que por cada tres años de abuso se podría devengar un importe de hasta 10.000 euros. Sin embargo, esta suma está sujeta a graduación conforme a las circunstancias particulares de cada caso y a otros daños probados.

El TSXG basa su criterio en el artículo 70.1 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para definir dichos periodos de tres años. Unive Abogados considera que este fallo es especialmente relevante para futuras reclamaciones, ya que vincula la duración de la situación abusiva con la cuantificación del daño. El bufete señala que este criterio abre la puerta a nuevas indemnizaciones para personas perjudicadas por el abuso de temporalidad.

La utilización de periodos completos de tres años como referencia permite establecer un parámetro objetivo para valorar económicamente el abuso de temporalidad

Este enfoque surge a raíz de la doctrina reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo, que exige medidas efectivas contra la contratación temporal abusiva. Según este criterio, será necesario determinar la cuantía final de forma individualizada, basándose en las circunstancias específicas de cada trabajador afectado.

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