La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha subrayado la importancia de los Presupuestos Generales del Estado para la continuidad de la legislatura, advirtiendo al PSOE sobre la necesidad de evitar dilaciones en su elaboración. Vaquero ha destacado que los actuales presupuestos son una prolongación de los de 2023, lo cual incrementa la urgencia de aprobar unos nuevos.
Presupuestos 2026, una continuidad negociada
Aunque las negociaciones formales entre el PNV y el Gobierno para los presupuestos de 2026 aún no han comenzado oficialmente, Vaquero ha mencionado que la base de la negociación ya está establecida gracias a lo avanzado en presupuestos anteriores. Este contexto proporcionará un punto de partida crucial para las nuevas discusiones.
Transferencias a Euskadi y reducción de jornada
En otro orden de asuntos, Vaquero ha mostrado su confianza en que el PSOE cumplirá con los compromisos de la investidura de Pedro Sánchez, especialmente en la transferencia de competencias de la Seguridad Social a Euskadi. Aunque se presenta prudente debido a la delicadeza de las negociaciones actuales, la portavoz se siente esperanzada sobre una resolución este año. Según Vaquero, «están las comisiones, los gobiernos, los consejeros hablando, y bueno, pues yo estoy esperanzada, espero que así sea».
Además, Vaquero ha afirmado que el PNV no ha registrado enmiendas de totalidad a la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, ya que esta modalidad ya se implementa en Euskadi. La reducción es incluso más notable en sectores como el funcionariado vasco. No obstante, hizo un llamado a prestar atención a aquellos sectores que podrían verse más afectados, considerando la posibilidad de introducir enmiendas específicas.
El Ejecutivo debe valorar si le interesa superar el trámite de enmiendas de totalidad o llegar a acuerdos con los grupos
Finalmente, sobre la capacidad del Gobierno para superar el trámite de enmiendas de totalidad presentado por PP, Vox y Junts, Vaquero ha optado por no pronunciarse, dejando la decisión en manos del Ejecutivo, quien debe considerar el impacto de estas decisiones de cara a la ciudadanía.
