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Alquiler Seguro rechaza la sanción de Consumo y presentará alegaciones por considerarla abusiva

Alquiler Seguro enfrenta una sanción de 3,6 millones del Ministerio de Consumo y defenderá la legalidad de sus servicios.

Alquiler Seguro se opone a sanción de Consumo y presentará alegaciones por considerarla abusiva
Por Redacción Capital

Alquiler Seguro ha recibido una propuesta de sanción del Ministerio de Consumo que asciende a 3,6 millones de euros. La empresa ha comunicado que presentará alegaciones en defensa de la legalidad de sus servicios, rechazando las acusaciones de prácticas abusivas en la gestión del alquiler. Según Alquiler Seguro, los servicios que presta, incluidos los gastos de gestión y formalización del contrato, son completamente transparentes y solo afectan al arrendador.

El Ministerio de Consumo, que ha destacado ciertas irregularidades en servicios al inquilino y cobros indebidos, espera que el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, valore la propuesta de sanción en los próximos meses. Entre las acusaciones, se menciona la imposición de un servicio de atención al inquilino, la obligación de contratar un seguro de hogar y la limitación del derecho de desistimiento en el contrato.

Alquiler Seguro considera la propuesta de sanción como «abusiva y desproporcionada». La empresa insiste en que hará valer la legalidad de sus acciones durante las alegaciones y asegura que tres sentencias judiciales han validado ya sus prácticas empresariales.

Recientemente, Alquiler Seguro ha recibido una nueva resolución judicial favorable, reafirmando que los servicios que ofrece son voluntarios y beneficiosos para los clientes. Esta resolución se suma a otras dos sentencias previas que dan la razón a la empresa.

El Juzgado de 1ª Instancia nº 104 de Madrid desestimó una demanda contra Alquiler Seguro, subrayando que el servicio de atención al inquilino es voluntario y útil

El tribunal también aclaró que el servicio, lejos de ser una imposición, incluía prestaciones de valor para los inquilinos durante la vigencia del contrato. En un fallo demoledor, el juzgado señaló que la relación contractual se desarrolló conforme a los términos pactados, y se desestimó la devolución del precio pagado por el servicio.

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