El Partido Popular (PP) ha presentado una solicitud formal a la Mesa del Congreso en la que pide reconsiderar la decisión tomada el pasado 24 de marzo, cuando se impidió la discusión de dos enmiendas incorporadas por el Senado a la Proposición de Ley Orgánica sobre multirreincidencia. El PP considera que bloquear su debate constituye una "grave anomalía democrática".
Las enmiendas, aprobadas por mayoría absoluta en el Senado el 18 de marzo, plantean dos medidas principales: reforzar la estructura del Ministerio Fiscal y adoptar medidas para "evitar la impunidad y reforzar la seguridad ciudadana", con especial atención a la multirreincidencia. Una de las enmiendas, acordada por el PP, Vox y Junts, modificaba la Ley de Extranjería para asegurarse que los inmigrantes en procesos de regularización no tuvieran antecedentes penales. La otra proponía ampliar las plazas de la Fiscalía a razón de un fiscal por cada 100.000 habitantes o fracción mayor a 50.000.
El Gobierno bloqueó en el Congreso la votación de estas enmiendas, argumentando que suponían un sobrecoste presupuestario. El veto fue refrendado en la Mesa del Congreso gracias a la mayoría del PSOE y Sumar, que apoyaron la decisión del ejecutivo de interrumpir debates que implicaran un incremento presupuestario o una merma de ingresos. Según las estimaciones del Gobierno, implementar las enmiendas requeriría un significativo gasto adicional.
El Partido Popular considera que el bloqueo de las enmiendas por parte del Gobierno es una "anomalía democrática" que vulnera derechos constitucionales.
Sin incluir dichas enmiendas, el Congreso aprobó el 26 de marzo la reforma del Código Penal dirigida a combatir la multirreincidencia mediante el aumento de penas. Esta iniciativa, promovida por Junts y desbloqueada por el PSOE tras tensiones con los independentistas, recibió apoyo de diversos grupos, aunque encontró oposición de otros como ERC e Unidas Podemos.
En su escrito de reconsideración, Ester Muñoz, portavoz del Grupo Popular, expresó su "disconformidad" con el veto, calificándolo de "arbitrario, extemporáneo e inconstitucional". El PP sostiene que el Gobierno no justificó adecuadamente el impacto financiero de las enmiendas, lo cual es necesario para validar el veto. También critica que el Ejecutivo no haya presentado Presupuestos Generales del Estado durante la legislatura, argumentando que no puede alegar afectaciones presupuestarias sin estas previsiones.
El PP sostiene que aceptar el veto supone expandir indebidamente la potestad del Gobierno sobre el proceso legislativo, en detrimento de la función del Congreso y del Senado. Además, argumenta que tal acción contraviene artículos de la Constitución y del Reglamento del Congreso, afectando el pleno ejercicio de los derechos representativos de los diputados.
Por todo ello, el PP insta a la Mesa del Congreso a anular el acuerdo del 24 de marzo y permitir que las enmiendas sean debatidas y votadas en el Pleno. El partido busca que el proceso legislativo se retrotraiga al momento previo a la decisión cuestionada, de manera que las enmiendas se integren al debate parlamentario "en su integridad".
