El diputado de Compromís y portavoz adjunto de Sumar, Alberto Ibáñez, ha anunciado su intención de presentar una proposición de ley en el Congreso para modificar la normativa sobre horarios comerciales. El objetivo es limitar la capacidad actual de las comunidades autónomas para permitir la apertura de los comercios todos los domingos, evitando así lo que califica como una barra libre. Según Ibáñez, cada vez más personas trabajan los domingos en comparación con hace una o dos décadas, una circunstancia que considera contraria al progreso social.
La propuesta de Ibáñez busca introducir una reforma legal después de Semana Santa para reducir la autonomía de las comunidades respecto a los horarios comerciales. Actualmente, regiones como Madrid cuentan con legislación que permite a los comerciantes decidir libremente los domingos y festivos en los que abrirán sus negocios, algo instaurado con la ley de Dinamización de la Actividad Comercial desde 2012, bajo el mandato de Esperanza Aguirre.
Ibáñez pretende que se contemple el impacto de la apertura comercial en la conciliación familiar y la vida social, especialmente para los trabajadores de sectores con alta presencia femenina.
El diputado también ha destacado las complicaciones que esta libertad de horarios presenta para las familias, en particular para aquellas en las que las mujeres son las principales afectadas por la falta de conciliación. Ibáñez sugiere que se debe reflexionar sobre la norma que permite la apertura comercial todos los domingos, especialmente en zonas turísticas, y espera que su propuesta reciba el respaldo incluso de sectores conservadores, para quienes el domingo debería estar destinado a actividades como asistir a misa.
En otro ámbito, Alberto Ibáñez se ha referido a la tensión dentro del Gobierno por la reforma del registro horario. Sumar impulsa esta modificación para evitar la manipulación de las horas trabajadas y facilitar la labor de la Inspección de Trabajo con controles remotos. Sin embargo, el Consejo de Estado ha emitido un informe negativo, cuestionando la adecuación sectorial de la reforma y señalando el aumento de carga para las pymes, además de criticar que se pretenda implementar por real decreto en lugar de por ley.
A pesar de que los informes del Consejo de Estado no son vinculantes, el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, sigue adelante con la reforma. Ibáñez ha criticado la falta de apoyo leal de los aliados de Gobierno, incluido el PSOE, a pesar de que combatir el abuso de horas extras no remuneradas es un acuerdo dentro del pacto gubernamental.
El diputado ha manifestado su preocupación por la posición del PSOE, que podría alinearse con posturas que minimizan la problemática de las horas extra y cuestionan la ética laboral. Ibáñez concluye subrayando el hecho de que muchos trabajadores enfrentan la realidad de cumplir horas sin compensación por temor a perder sus empleos.
