Alberto Ibáñez, diputado de Compromís y portavoz adjunto de Sumar, ha celebrado que Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresas, haya solicitado a la Comisión Europea que se imponga un impuesto sobre los beneficios extraordinarios que las empresas energéticas obtengan a raíz de la guerra en Irán. Ibáñez ha instado a que este impuesto se integre en el escudo social y que sea aprobado mediante decreto. Este llamado se produce después de que los responsables económicos de España, junto a sus homólogos de Alemania, Italia, Austria y Portugal, enviaran a Bruselas una carta para proponer esta medida, argumentando que las consecuencias del conflicto, principalmente sobre los bienes energéticos, justifican su implantación.
A pesar de aplaudir esta iniciativa, Ibáñez ha recordado que el PSOE anteriormente dejó fuera este impuesto del decreto del escudo social. Ahora solicita al vicepresidente Cuerpo que no se limite a enviar cartas y que incluya esta medida en un nuevo escudo social, aprovechando que ha mostrado estar de acuerdo con el impuesto.
Ibáñez insta al Gobierno a no solo respaldar el impuesto sobre beneficios extraordinarios, sino a integrarlo directamente en el nuevo decreto del escudo social.
Paralelamente, Verónica Martínez Barbero, portavoz del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso, ha centrado su intervención en el decreto que contempla la prórroga de los contratos de alquiler y la prohibición de desahucios. Este decreto, que se encuentra en vigencia, deberá ser sometido a votación en el Congreso, enfrentando la oposición de PP, Vox y Junts. Barbero ha subrayado la importancia de que los inquilinos soliciten esta prórroga, que es actualmente obligatoria para los arrendadores, y ha criticado la postura del PP, indicando que su base electoral incluye más inquilinos que propietarios.
En relación con Junts, cuyo secretario general, Jordi Turull, expresó que el decreto debería ser completamente reescrito para contar con su apoyo, Barbero ha aclarado que los decretos ley no pueden modificarse tras su aprobación y publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Los decretos ley deben convalidarse en su totalidad o rechazarse durante el proceso parlamentario. No obstante, Barbero ha señalado que las negociaciones con Junts continúan con discreción con la esperanza de lograr su respaldo.
Por su parte, Gerardo Pisarello, portavoz de En Comú en el Congreso, ha coincidido con Barbero en la necesidad de que los inquilinos pidan la prórroga de sus contratos. Asimismo, ha advertido a los partidos que voten en contra del decreto que deberán justificar su postura, pues estarían favoreciendo a los grandes tenedores en detrimento de los inquilinos.
