Vox ha presentado una propuesta en el Congreso para forzar una votación en la Comisión Mixta para la Unión Europea, compuesta por diputados y senadores, con el objetivo de rechazar el acuerdo alcanzado entre Reino Unido y los Veintisiete respecto a Gibraltar. La formación liderada por Santiago Abascal considera que el tratado es perjudicial para los intereses de España.
La proposición no de ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, insta al Gobierno de Pedro Sánchez a rechazar el acuerdo sobre Gibraltar en todas las instancias requeridas. Según Vox, el pacto resulta nocivo para los intereses de los ciudadanos del Campo de Gibraltar, Andalucía, España y Europa. Se espera que esta iniciativa sea debatida en las próximas semanas en la comisión, lo que permitirá a las Cortes españolas manifestarse sobre un tratado internacional que, según Bruselas y el Gobierno, no exige aprobación por parte de los parlamentos nacionales de los Estados miembros.
El acuerdo, que definirá la relación de Gibraltar con la UE post-Brexit y que considera la supresión de la Verja como su elemento más simbólico, solo necesita ser ratificado por el Consejo de la UE y la Eurocámara, mientras que el Reino Unido necesita la aprobación de su Parlamento. El Partido Popular ya afirmó que cualquier acuerdo sobre Gibraltar debe ser debatido y votado en las Cortes por razones constitucionales y por sentido democrático. Por lo tanto, existe la posibilidad de que la propuesta de Vox tenga éxito y Congreso y Senado se manifiesten en contra del tratado.
El acuerdo de Gibraltar, que define la relación post-Brexit, ha sido rechazado por Vox por considerarlo perjudicial para España.
Por otro lado, el Partido Popular había registrado previamente una proposición no de ley exigiendo al Gobierno la aplicación del artículo 94.1 de la Constitución, que establece casos en los que es necesaria la autorización previa de las Cortes para este tipo de acuerdos. La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo defiende que la presentación del tratado ante las Cortes para su debate y ratificación es una exigencia constitucional que el Gobierno está obligado a cumplir.
Asimismo, el PP critica que la negociación se llevó a cabo con falta de transparencia y sin el debido escrutinio democrático, ya que ni las Cortes Generales ni el principal partido de España fueron informados de los aspectos sustantivos finalmente reflejados en el texto.
