La portavoz del Partido Popular (PP) en el Congreso, Ester Muñoz, ha confirmado que su grupo votará en contra del decreto ley del Gobierno que busca prorrogar automáticamente los contratos de alquiler que vencen en 2026 y 2027, limitando además al 2% el incremento de precios durante esos años. Esta oposición se manifestará en la votación del próximo martes en la Cámara Baja. Muñoz ha declarado en el programa 'Parlamento' de RNE, con declaraciones recogidas por Europa Press, que considera que estas medidas no son efectivas y ha enfatizado que proteger a los inquilinos y personas vulnerables es una responsabilidad del Estado, no de los propietarios de viviendas.
La portavoz del PP ha asegurado que los problemas de vivienda no deben resolverse a costa de los propietarios, sino que es el Estado el que debe asumir este papel.
El decreto, que ya está en vigor tras su aprobación en el Consejo de Ministros y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), necesita la validación del Congreso. La votación está prevista para el martes 28 de abril, y el rechazo del PP se sumará al de otros partidos como Vox y Junts, lo que pone en peligro la continuidad del decreto. Ester Muñoz recordó que el PP apoyó una medida similar durante la pandemia, justificando el cambio de postura actual por la ausencia de la situación "excepcional" de aquel momento. Según Muñoz, mantener esta medida solo incrementaría el problema de vivienda, limitando la oferta y haciendo más difícil el acceso a una vivienda, especialmente para personas vulnerables.
Muñoz también ha criticado duramente la política de vivienda del Gobierno, calificándola de nefasta y señalando que es percibida como uno de los principales problemas por los ciudadanos, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Asimismo, ha rechazado la invitación del ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, para negociar un apoyo al decreto, afirmando que Sumar, socio minoritario del Gobierno, conoce bien la posición del PP.
La portavoz ha defendido la necesidad de trabajar en eliminar trabas burocráticas, combatir la ocupación ilegal y ofrecer seguridad jurídica a los operadores de vivienda. Muñoz ha concluido calificando las intervenciones del mercado, como los topes de precio, como un absoluto fracaso.
