Desde 2003, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha autorizado la concesión de la semilibertad a 56 presos de ETA mediante el uso del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Este artículo permite cierta flexibilidad, pero su aplicación reciente por parte del Gobierno vasco ha sido cuestionada por el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional. Una respuesta parlamentaria, a la que ha accedido Europa Press y fechada el 9 de abril, revela este dato. El Partido Popular mostró su interés en conocer la aplicación de este artículo específico para los miembros de ETA desde 2003 hasta el 30 de septiembre de 2021, cuando las competencias penitenciarias fueron transferidas al Gobierno vasco.
El Gobierno explicó que la flexibilidad del artículo 100.2 requiere un modelo de ejecución que combine elementos de diferentes grados de clasificación, supervisado por las Juntas de Tratamiento. En total, se han dictado 11.264 resoluciones utilizando este artículo, de las cuales 97 estuvieron relacionadas con delitos de carácter terrorista, y 56 de ellas con personas vinculadas a ETA.
El Partido Popular asocia estas concesiones con posibles decisiones estratégicas para asegurar el apoyo parlamentario de EH Bildu. Poco después de la respuesta parlamentaria, el 22 de abril, el juez José Luis Castro cuestionó el uso del artículo 100.2 al revocar la decisión del Gobierno vasco de conceder la semilibertad a María Dolores Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto', y Juan Ramón Carasatorre. Asociaciones de víctimas del terrorismo, como la AVT y Covite, califican estos beneficios como una amnistía encubierta.
El juez de Vigilancia Penitenciaria plantea la revisión del artículo 100.2 para evitar su aplicación inmediata sin control judicial previo.
El Ejecutivo subraya que las decisiones sobre el uso del artículo 100.2 se basan en estudios de los profesionales sobre las circunstancias individuales de cada interno, supervisadas finalmente por el juez de Vigilancia Penitenciaria. Desde 2003, se han aprobado 158.457 resoluciones relacionadas con el tercer grado, de las cuales 128 corresponden a delitos terroristas y 68 a personas vinculadas a ETA. El Gobierno insta al Ejecutivo vasco a proporcionar información sobre los presos de ETA en las cárceles de dicha comunidad desde que asumieron las competencias en 2021.
