El Congreso de los Diputados ha derogado este martes un nuevo decreto ley propuesto por el Gobierno de coalición, elevando a ocho los decretos revocados desde el comienzo de la legislatura. Este revés forma parte de un total de 33 votaciones perdidas por el PSOE en diversas iniciativas legislativas durante las sesiones plenarias. Además de los decretos, se han rechazado dos proyectos de ley del Gobierno. El Pleno también ha desestimado siete proposiciones legislativas promovidas por el PSOE y seis de sus aliados parlamentarios, pese al respaldo que estas contaban por parte del partido socialista. Asimismo, se ha admitido la tramitación de una decena de normas, en su mayoría impulsadas por el Partido Popular (PP), pese a la oposición del PSOE.
La primera derrota de un decreto legislativo del presente mandato tuvo lugar en diciembre de 2023 y afectó a reformas en el servicio de Justicia. A esto le siguieron dos reveses en enero de 2025, cuando se anularon un gravamen a empresas energéticas y un decreto ómnibus que abarcaba medidas sociales como la revalorización de pensiones y ayudas al transporte público. Un nuevo revés se produjo en julio del año pasado, con la derogación de medidas destinadas a reforzar el sector eléctrico. El escudo social, que incluía aumentos en las pensiones y prohibiciones a los desahucios y cortes de suministros, también fue derogado a inicios de 2026. Más recientemente, en febrero, se anularon dos decretos relacionados con la moratoria de desahucios y la regulación de tarifas en situaciones de emergencia.
El Gobierno de coalición ha sufrido un total de 33 derrotas legislativas en el Congreso, reflejando una significativa debilidad parlamentaria
En términos de proyectos de ley, el PSOE ha visto caer varias propuestas significativas, incluidos intentos de reducir la jornada laboral a 37,5 horas y de regular la Agencia Estatal de Salud Pública. En mayo de 2024, la reforma de la Ley de Suelo fue retirada ante la falta de apoyos. Tampoco han prosperado otros proyectos, como la senda de estabilidad y tratados internacionales, que han enfrentado obstáculos legales o han sido descartados por la oposición, especialmente por el PP.
Por otro lado, tanto el PSOE como sus aliados han visto frenados varios proyectos de ley. Estos incluyen iniciativas como una ley sobre prostitución, la reforma de la ley de Extranjería, y propuestas de corte social y económico. La confluencia de otras fuerzas parlamentarias ha sido decisiva para el veto de estas propuestas.
En contraste, se ha continuado tramitando una decena de proposiciones que han pasado el corte en el Parlamento a pesar de la oposición socialista. Entre ellas se incluye una que reconoce la nacionalidad a saharauis nacidos bajo administración española y varias promovidas por el PP sobre gestión de recursos y política energética. De todas maneras, la mayoría parlamentaria de PSOE y Sumar ha logrado bloquear su avance al extender los plazos de enmiendas y limitando el debate.
A nivel político, esta legislatura ha registrado reprobaciones significativas a varios ministros del PSOE, y la oposición, liderada por el PP, ha capitalizado la debilidad del Ejecutivo al plantear votaciones separadas y detalladas de sus propuestas, lo que aumenta las probabilidades de derrotas parlamentarias para el Ejecutivo. Asimismo, aliados como el PNV y ERC han adoptado esta estrategia en algunas ocasiones.
