El Gobierno británico ha informado que España y Bélgica se han unido a una iniciativa conjunta con otros seis países europeos, además de Canadá, Australia y Nueva Zelanda, instando a las empresas a no participar en la licitación del proyecto de asentamientos E1 en Cisjordania. Este proyecto contempla la construcción de 3.400 viviendas, lo que supondría la separación de Jerusalén Este del resto del territorio palestino.
El comunicado, firmado por Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Noruega y Países Bajos, alerta sobre las consecuencias legales y reputacionales que podrían enfrentar las empresas implicadas, advirtiendo del riesgo de involucrarse en violaciones graves del Derecho Internacional. Además, se refuerza la ilegalidad de los asentamientos israelíes en Cisjordania conforme al Derecho Internacional, destacando que el desarrollo del área E1 dividiría a Cisjordania y representaría una grave violación de las leyes internacionales.
La iniciativa internacional subraya no solo la ilegalidad de los asentamientos, sino también el compromiso con una paz justa y duradera basada en la solución de dos estados
Los países firmantes han exhortado a Israel a detener la expansión de los asentamientos y a garantizar la rendición de cuentas por la violencia de los colonos. También piden una investigación sobre las acusaciones dirigidas a las fuerzas israelíes y el respeto por los sitios sagrados en Jerusalén y su statu quo. Entre otras demandas, solicitan el levantamiento de las restricciones financieras a la Autoridad Palestina.
Han expresado su firme oposición a aquellos, incluidos miembros del Gobierno israelí, que promueven la anexión y el desplazamiento forzoso de la población palestina. Ante el deterioro significativo de la situación en Cisjordania y el aumento de la violencia, los países reafirmaron su compromiso con una paz amplia y justa, en línea con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
Respecto al plan E1, que abarca unos doce kilómetros cuadrados y conecta Jerusalén Este con el asentamiento de Maale Adumim, se prevé duplicar la población con cerca de 35.000 nuevos residentes en los próximos años. La construcción dividiría Cisjordania, complicando la creación de un Estado palestino conectado. Aunque el Gobierno israelí considera legales parte de esos asentamientos, el Derecho Internacional los califica como ilegales, insistiendo en que su expansión constituye un crimen de guerra.
