El Gobierno ha decidido restablecer temporalmente los controles en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los viajeros procedentes de Italia. Esta decisión responde a la negativa del Ejecutivo de Giorgia Meloni a levantar la suspensión a España del acuerdo Schengen. Fuentes gubernamentales han explicado que la medida responde a la "persistente presión migratoria irregular" que enfrenta Italia.
Los controles, que se iniciarán a las 00.00 horas del próximo sábado 8 de agosto, incluirán la verificación de la identidad y nacionalidad de los viajeros con pasaporte o DNI. Para los ciudadanos de terceros países, se examinará el visado o permiso de residencia. Estos procedimientos se realizarán de forma aleatoria y estarán en vigor hasta las 00.00 horas del 7 de septiembre, a menos que las circunstancias requieran ajustar este plazo.
Italia no acepta ultimátums y mantiene su decisión de suspender a España del acuerdo Schengen
El Gobierno había solicitado a Italia que levantara la suspensión sobre el espacio Schengen antes del domingo 9 de agosto, advirtiendo que, de no hacerlo, España tomaría "medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos". El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, expresó que la postura italiana perjudica no solo a los españoles, sino que también debilita la unidad de la Unión Europea. Albares destacó la necesidad de una respuesta coordinada de la UE ante la migración y la guerra en Ucrania.
Pese a ello, el Gobierno italiano ha dejado claro que no cederá ante presiones ni aceptará imposiciones, manteniendo la suspensión hasta el 15 de agosto. Esta fecha coincide con un llamado en redes sociales para una nueva entrada masiva de migrantes ilegales desde Marruecos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había respondido a las críticas italianas respecto a la crisis migratoria en Ceuta. Sánchez mencionó que Italia enfrenta un mayor flujo de inmigración irregular. Citó datos de Frontex, indicando que entre 2021 y 2026, Italia recibió 478.600 inmigrantes irregulares, en comparación con los 234.760 que ingresaron en España.
