La Comisión Europea ha instado al Gobierno español a que complete la transposición de las normas comunitarias destinadas a proteger a los trabajadores de los riesgos relacionados con el amianto. Esta advertencia llega en forma de un dictamen motivado y marca la segunda fase de un procedimiento de infracción. Si España no cumple, la Comisión podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y solicitar una multa.
España no es el único país bajo la lupa de Bruselas. Chipre, Países Bajos, Polonia y Eslovaquia también enfrentan procedimientos similares por no haber incorporado totalmente las directrices comunitarias dentro del plazo establecido, que concluyó en diciembre de 2021, aunque algunas disposiciones tienen un plazo hasta 2029.
El uso del amianto sigue siendo un tema crítico en la Unión Europea, dado que es una sustancia cancerígena vinculada al 75% de los cánceres laborales en la región. La directiva europea busca reforzar la protección de los trabajadores, imponiendo nuevas normas que incluyen una drástica reducción del límite de exposición permisible al amianto, de 0,1 a 0,01 fibras por centímetro cúbico, basándose en los más recientes avances científicos y tecnológicos.
La Comisión Europea ha dado a España un plazo de dos meses para implementar los cambios necesarios y evitar llevar el caso ante el TJUE y enfrentar posibles sanciones financieras
El proceso de infracción comenzó en enero de 2026, cuando Bruselas envió cartas de emplazamiento a diez países. Desde entonces, cuatro de esos países han abordado las preocupaciones de la Comisión, mientras que seis, incluida España, aún no han cumplido con las exigencias de la normativa europea. La Comisión espera que las autoridades españolas actúen dentro del plazo estipulado para evitar mayores consecuencias legales y financieras.
