El Partido Popular (PP) y Vox han presentado enmiendas de totalidad contra el proyecto de ley orgánica propuesto por el Gobierno central, que busca condonar parcialmente la deuda de las comunidades autónomas, implicando que el Estado asuma un total de 83.252 millones de euros. Ambos partidos consideran que esta normativa surge de acuerdos bilaterales con ERC y vulnera los principios de responsabilidad y solidaridad fiscal.
El Consejo de Ministros había aprobado esta ley de condonación a finales del año anterior y la envió al Congreso para su tramitación. Con el cierre del plazo de presentación de enmiendas a la totalidad esta semana, PP y Vox solicitaron formalmente la devolución de la norma al Ejecutivo.
En su argumentación, el PP señala que la ley es injusta, insolidaria e ineficaz, acusando al Gobierno de diseñar la condonación como un traje a medida para sus socios parlamentarios, extendiéndola al resto de regiones para disimular su intención original. También critican que la iniciativa fomenta una mutualización de la deuda por desequilibrios presupuestarios, comprometiendo la solidaridad interterritorial.
El PP advierte que la condonación promovida por el Gobierno incentiva negativamente la disciplina fiscal de las comunidades autónomas
Por su parte, Vox rechaza la ley alegando que responde a un pacto político entre el PSOE y ERC, describiéndola como un método para que el Gobierno consolide su posición en el poder. Asimismo, advierten del riesgo fiscal que implica y critican el modelo autonómico español.
En el reparto propuesto por la ley, Andalucía y Cataluña son las comunidades más beneficiadas, con deudas de 18.791 y 17.104 millones de euros, respectivamente. La ley no afecta a Euskadi y Navarra, que operan bajo regímenes fiscales distintos, aunque estas comunidades han expresado su deseo de recibir compensaciones similares.
El proceso de condonación de la deuda está estructurado en tres fases. Inicialmente, se compara el endeudamiento registrado entre períodos seleccionados para determinar una condonación media del 19% al cierre de 2023. Posteriormente, se ejecutan ajustes para atender el sentimiento de agravio entre comunidades.
El proyecto de ley también establece cómo el Estado asumirá las deudas, diferenciando entre comunidades con o sin deuda con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). En un procedimiento distinto, las regiones sin cuentas pendientes con el FLA deberán informar al Tesoro sobre sus deudas para que el Estado asuma su posición deudora con el consentimiento de los acreedores.
