El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un anteproyecto de ley que modifica el Estatuto de los Trabajadores con el propósito de reforzar la protección de los empleados que denuncien infracciones normativas y casos de corrupción en su entorno laboral. Esta iniciativa, gestionada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, busca garantizar que dichos trabajadores estén protegidos frente a represalias y discriminaciones.
La reforma introduce medidas que fortalecen las garantías de indemnidad de aquellos que informan sobre irregularidades. Según el Ministerio, limitar la protección solo a la indemnización por despido improcedente podría dejar el sistema enormemente debilitado.
El texto prohíbe cualquier forma de discriminación, tanto directa como indirecta, en el acceso al empleo o durante la relación laboral, si se comunica o revela incumplimientos legales o corrupción
La ley también declarará nulos los despidos durante el periodo de prueba, aquellos por causas objetivas o disciplinarias, si se realizan como represalia por informar sobre infracciones. Además, cualquier orden de discriminación o decisión empresarial que implique un trato desfavorable hacia estos denunciantes será invalidada.
La protección se extiende también a quienes sufran represalias por presentar reclamaciones dentro de la empresa o por iniciar acciones administrativas o judiciales relacionadas con la igualdad de trato, la no discriminación o la revelación de infracciones. El Ministerio de Trabajo enfatiza que esta reforma pretende apoyar a quienes promueven una cultura de integridad y transparencia, defendiendo así el interés general en el ámbito laboral.
