El Consejo de Ministros ha dado su aprobación a un Real Decreto impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que regula los planes de inversión en las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. Con esta medida se autoriza una inversión adicional de 17.900 millones de euros en estas infraestructuras hasta el 2030, detallando sus destinos y estableciendo procedimientos para la elaboración y justificación de los planes de inversión de las empresas distribuidoras.
Esta nueva inversión responde a la necesidad de afrontar la demanda creciente y las necesidades de la transición energética. Según el gabinete de la ministra Sara Aagesen, los límites actuales del 0,065% del PIB para transporte y 0,13% para distribución se han demostrado insuficientes para las expectativas de la Planificación de electricidad con horizonte al 2030. Por ello, se ha decidido incrementar el volumen de inversión para facilitar la ejecución de los proyectos previstos.
El decreto permite a las compañías eléctricas, como Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP, invertir hasta 10.200 millones de euros en distribución, repartidos entre 2027 y 2030. Red Eléctrica de España (REE), encargada del transporte, contará con 7.700 millones de euros adicionales sujeto a la planificación que finalmente apruebe el Gobierno. Este ajuste responde a un incremento respecto a la propuesta inicial sometida a audiencia pública y refleja una de las grandes demandas del sector, en busca de desbloquear el colapso que aqueja al sistema eléctrico español.
La inversión en redes eléctricas hasta 2030 podría superar los 35.000 millones de euros, incluyendo los fondos europeos e inversiones en interconexiones no sujetas a límites
El Ministerio subraya que estas inversiones no solo atienden a la conectividad y estabilidad del sistema eléctrico, sino que tienen un efecto multiplicador sobre la economía: cada millón invertido genera un impacto de 1,27 millones en el Valor Añadido Bruto y potencia la creación de empleo. Además, el aumento de la base de usuarios reducirá los costes de los peajes en las facturas finales.
Las inversiones en transporte serán especificadas en la Planificación, mientras que en distribución se dirigen a demandas industriales y residenciales, control de tensión, ciberseguridad, y aspectos como la protección de la avifauna y resiliencia climática. El decreto también incentiva a los gestores de redes a adquirir y adaptar líneas privadas existentes, reforzando así el control y la transparencia en los planes de inversión.
Por otro lado, se introducen mayores controles en las inversiones de las distribuidoras. Estas deberán someter sus planes a consulta previa y publicar informes anuales de cumplimiento. Además, se implementa un sistema de penalizaciones para garantizar la correspondencia entre las inversiones realizadas y las expectativas, ajustando los límites futuros de las que incumplan lo previsto.
