El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Proyecto de Ley de Integridad Pública, una iniciativa que busca fortalecer las penas por corrupción empresaria y aumentar el control sobre los partidos políticos. El presidente Pedro Sánchez ha sido el encargado de anunciar este avance durante su resumen anual del curso político, resaltando que, junto a otras dos leyes, se ha implementado la mayoría de medidas del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción presentado el año pasado.
Entre las novedades, la normativa propone la creación de una agencia independiente de integridad pública con funciones amplias. Esta propuesta será enviada al Congreso, donde Sánchez espera que se inicie su tramitación, pidiendo a los grupos parlamentarios que colaboren para avanzar en este proyecto.
El nuevo Proyecto de Ley de Integridad Pública busca un control más riguroso sobre la corrupción, estableciendo medidas concretas para prevenir y castigar estos actos
Por otro lado, el partido Sumar ha reivindicado su rol impulsor en el desarrollo del proyecto. Según han manifestado a Europa Press, su aporte ha sido crucial para dotar a la futura agencia de una capacidad real para investigar y sancionar la corrupción, rompiendo con la idea de un organismo meramente testimonial.
Sumar también destaca la importancia de que el director de esta agencia deba ser ratificado por un amplio consenso en el Congreso, lo que refuerza su independencia. Se incorporan, además, auditorías ciudadanas como herramienta de transparencia.
Adicionalmente, se han establecido medidas para mejorar la trazabilidad de los gastos de los partidos, como la obligatoriedad de que pagos importantes se efectúen desde cuentas oficiales de las formaciones. Sin embargo, Sumar subraya que todavía se deben abordar temas pendientes. Estos incluyen prohibir que las empresas bajo investigación por corrupción reciban contratos o subvenciones y aumentar el control sobre las donaciones a fundaciones vinculadas a partidos políticos.
