El Gobierno de España ha presentado un proyecto de real decreto para regular los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, y de resiliencia y soberanía digital para los centros de datos. Esta medida, anunciada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, estará abierta a audiencia pública por vía de urgencia hasta el 4 de septiembre.
El decreto exige que los centros de datos respalden al menos el 80% de su consumo energético con generación renovable nueva cada hora de funcionamiento. La normativa ha sido elaborada conjuntamente por los Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Economía, Comercio y Empresa, y Transformación Digital y Función Pública. Esta regulación busca ordenar la proliferación de centros de datos en el país, garantizando seguridad jurídica y atrayendo inversiones.
El proyecto de real decreto quiere que cada nuevo megavatio consumido por los centros de datos sea acompañado por un megavatio de generación renovable adicional
La normativa se dirige especialmente a instalaciones con más de 1 MW de potencia eléctrica, dado su impacto territorial, hídrico y ambiental. Establece que los centros de datos futuros deberán generar energía renovable que sustituya al menos el 80% del consumo a fin de alcanzar finalmente el 90% del mix eléctrico.
También sienta bases para la resiliencia y soberanía digital, obligando a que tanto la operación del centro como el control de sus datos sean gestionados por entidades bajo el derecho de la UE. Además, potencia la eficiencia energética e hídrica imprescindibles, en línea con las normativas europeas.
España, aunque cuenta con una Estrategia de Inteligencia Artificial que proyecta 2,5 gigavatios de computación para 2030, ha visto cómo las solicitudes y permisos para estas instalaciones superan considerablemente esos valores, gracias a su ubicación, clima y potencia en renovables.
A los centros de datos de más de 500 kilovatios se les requerirá enviar información sobre su eficiencia y sostenibilidad al Ministerio de Transición Ecológica para su publicación anual, mientras que las mayores de 1 MW deben indicar su cumplimiento con el código de conducta europeo de eficiencia energética.
El incumplimiento de estas normativas traerá consecuencias financieras, tales como el aumento de cargos y peajes, pudiendo derivar en la pérdida del derecho de acceso a la red eléctrica. Esto, a su vez, compensará el sobrecoste que el incumplimiento genere al sistema eléctrico y, por ende, a la factura de los consumidores.
