La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha detectado importantes "problemas de equidad" en la financiación autonómica en España, que pasan desapercibidos para la mayoría de la población. Un informe reciente, elaborado por el director de Fedea, Ángel de la Fuente, resalta que Cataluña es la comunidad que más fondos ha recibido para la gestión de sus competencias específicas, alcanzando los 450 euros por habitante, en contraposición con los 8 euros per cápita recibidos por Castilla-La Mancha.
Este análisis considera el ejercicio 2023 y concluye que las diferencias en el reparto generan disparidades extremas entre las autonomías de régimen común. Cataluña encabeza el listado con un total de 3.563 millones de euros, lo que equivale a un índice de 243,4, casi dos veces y media la media de 185 euros por habitante de otras comunidades. Cantabria y La Rioja siguen a Cataluña con 320 y 318 euros por habitante, respectivamente. Por otro lado, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura aparecen al final del listado, recibiendo 8, 9 y 11 euros por habitante.
La desigualdad en la asignación de recursos financieros en España genera disparidades invisibles para el público general debido a la falta de publicación regular de datos por parte del Ministerio de Hacienda
El informe critica la metodología del coste histórico, que produce "valoraciones muy dispares e incoherentes" para servicios similares en distintas regiones. Fedea detalla que el gasto total en competencias singulares para 2023 asciende a 8.319 millones de euros. La competencia singular más destacada es la policía autonómica catalana, seguida por el personal de la Administración de Justicia, con 1.765 millones de euros, y la participación provincial en los ingresos del Estado, con 1.329 millones.
El estudio también destaca los fondos para la normalización lingüística, que suman 813 millones, los hospitales provinciales, con 606 millones, y las instituciones penitenciarias de Cataluña, con 603 millones. Además, señala ejemplos de diferencias notables en los costes de servicios transferidos. En la gestión de la Administración de Justicia, cuyos costes están traspasados a diez comunidades, el gasto por habitante varía más de 80 puntos de índice, con Asturias recibiendo 81,8 euros por habitante, Galicia 35,5 euros y la Comunidad Valenciana 37,7 euros.
Una brecha más pronunciada se observa en la financiación de profesores de religión, donde la ayuda por alumno en edad escolar difiere en más de 150 puntos de índice. Asturias lidera este aspecto con 88,7 euros por alumno, mientras que Cataluña recibe 20 euros y Baleares 29,2 euros. En cuanto a la valoración de competencias provinciales, Madrid percibe 136 euros per cápita, frente a los 367 euros de Extremadura.
