La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha destacado a la policía autonómica catalana como la competencia no homogénea más costosa del Estado, con un gasto de 1.855 millones de euros en 2023. Así lo revela un informe publicado este miércoles, en el que se propone utilizar la reforma del sistema de financiación autonómica para revisar las competencias singulares. El documento, elaborado por Ángel de la Fuenta, director de Fedea, se presenta en un momento clave, con la reforma en debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El estudio critica la actual metodología del coste histórico, señalando que genera incoherencias en la valoración de servicios similares en distintos territorios. Según De la Fuenta, estas desigualdades son prácticamente invisibles para la ciudadanía, ya que el Ministerio de Hacienda no difunde regularmente los datos detallados. En 2023, el gasto en competencias singulares ascendió a 8.319 millones de euros, responsabilizando a unas pocas autonomías de estos costes específicos.
Después de la policía autonómica catalana, el personal de la Administración de Justicia y la participación provincial en los ingresos del Estado son las competencias singulares más caras
Detrás de la policía autonómica, que lidera los gastos, la Administración de Justicia supone un desembolso de 1.765 millones, seguida por la participación provincial con 1.329 millones de euros. Otras partidas destacadas incluyen fondos para la normalización lingüística (813 millones), hospitales provinciales (606 millones) y las instituciones penitenciarias de Cataluña (603 millones).
Diferencias en enseñanza y justicia
El informe de Fedea también revela disparidades de coste en servicios similares. En el ámbito judicial, transferido a diez comunidades, el coste por habitante varía significativamente, con Asturias recibiendo 81,8 euros por habitante, mientras que Galicia y la Comunidad Valenciana obtienen 35,5 y 37,7 euros, respectivamente. Aún más pronunciadas son las diferencias en la financiación de profesores de religión, donde Asturias recibe 88,7 euros por alumno, frente a los 20 euros de Cataluña o los 29,2 de Baleares. Además, las competencias provinciales muestran contrastes notables, con Madrid en 136 euros per cápita y Extremadura alcanzando los 367 euros.
Rechazo al uso del IVA
En el debate sobre el nuevo modelo de financiación, Fedea ha expresado su desaprobación hacia la propuesta del Ministerio de Hacienda de financiar competencias no homogéneas mediante un tramo adicional de IVA de hasta el 90%. De la Fuenta argumenta que esta medida compromete la transparencia y dificulta la comparación de costes reales entre territorios.
La fundación propone una clasificación de las competencias singulares en distintos grupos. Para aquellas que eventualmente deberían ser asumidas por todas las comunidades, como la justicia o los profesores de religión, se sugiere adaptar gradualmente su valoración a las necesidades de gasto general. Para competencias que seguirán siendo singulares, como prisiones o policía autonómica, recomiendan establecer costes de referencia objetivos. El director de Fedea enfatiza que la unificación de criterios y la transparencia en la financiación son esenciales para una reforma eficaz de la financiación regional.
