La diputada nacional de Vox por Málaga, Patricia Rueda, ha anunciado que llevará al Congreso de los Diputados la cuestión del traslado de presos desde Ceuta al Centro Penitenciario Málaga II, situado en Archidona, Málaga. Rueda exige explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante las advertencias de los funcionarios de prisiones sobre los problemas que podría generar un aumento de la población reclusa.
En un comunicado, Rueda ha señalado que Marlaska debe explicar cuántos presos piensa trasladar desde Ceuta a Archidona, cuál es el nivel real de ocupación del centro penitenciario y cuántos funcionarios y trabajadores faltan para garantizar su funcionamiento en condiciones de seguridad.
La diputada ha destacado que Málaga II es un centro penitenciario parcialmente abierto, lo que, según advierten los trabajadores, limita su capacidad de respuesta ante un aumento significativo de internos. Según Rueda, la concentración de más internos en menos espacio crea un ambiente de tensión diaria, favorece la aparición de grupos de control entre los reclusos y aumenta el riesgo de conflictos.
La seguridad de los funcionarios de prisiones está en riesgo, y Marlaska lleva años sin atender sus necesidades
Vox tiene previsto registrar una serie de preguntas en el Congreso para esclarecer cuántos presos se trasladarán a Málaga II, cuál es la capacidad operativa actual del centro y cuál es el déficit de trabajadores y funcionarios. Rueda insiste en que es vital obtener respuestas, ya que tanto los malagueños como los funcionarios de prisiones deben estar informados sobre las intenciones del ministro y las posibles consecuencias de sus decisiones.
Además, Rueda ha defendido las peticiones de Vox para mejorar las condiciones de los trabajadores penitenciarios y ha pedido que antes de incrementar la presión sobre Archidona, Marlaska se asegure de que hay suficientes funcionarios con los medios, la formación y el reconocimiento necesarios para trabajar con seguridad.
Finalmente, ha reclamado al Ministerio del Interior que detenga cualquier decisión que pueda comprometer la seguridad del centro hasta que se garantice la disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios. Para quienes hayan entrado ilegalmente, billete de vuelta. Y si Marlaska los quiere aquí, que se los lleve a su casa, pero que no haga pagar las consecuencias de sus decisiones a los funcionarios de prisiones ni a los malagueños, concluyó Rueda.
