El Consejo de Gobierno ha declarado como desastre natural el incendio que se originó el pasado 6 de agosto de 2026 en la provincia de Huelva, afectando posteriormente a la provincia de Sevilla. Esta decisión, promovida por las consejerías de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y de Sostenibilidad y Medio Ambiente, busca implementar medidas urgentes para apoyar la viabilidad socioeconómica de las comarcas afectadas.
En respuesta a esta emergencia, el gobierno insta a flexibilizar la gestión de ayudas a los propietarios de las explotaciones agrarias y forestales perjudicadas. Entre las ayudas destacan las del Feaga y Feader, cruciales para evitar que los afectados pierdan fondos esenciales o enfrenten penalizaciones por no cumplir requisitos técnicos debido a causas de fuerza mayor.
El impacto del incendio ha sido significativo en múltiples municipios, como Berrocal, El Campillo, y Zalamea la Real en Huelva, y Aznalcóllar en Sevilla. Con una extensión afectada de aproximadamente 33.000 hectáreas, el fuego devastó amplias áreas de masa forestal, incluyendo pinares y zonas de dehesa mediterránea.
El incendio ha constituido una emergencia de extraordinaria magnitud, afectando a la flora y fauna local, y provocando importantes pérdidas económicas
Además de la destrucción forestal, los suelos han quedado expuestos a la erosión, lo que hace necesarias obras hídricas de emergencia para proteger las cuencas fluviales en la próxima temporada de lluvias. La fauna local también ha sufrido la fragmentación de sus hábitats, con la pérdida total de refugios para la caza en 34 cotos, lo que ha resultado en una alta mortalidad de especies.
En el sector agrario, la ganadería extensiva ha sufrido un gran impacto debido a la pérdida de herbáceas y arbustivas esenciales para el ganado, comprometiendo la campaña de montanera del cerdo ibérico. También se registran gastos extraordinarios en evacuación y alimentación para los animales.
El sector apícola enfrenta un futuro incierto con la pérdida de asentamientos de colmenas y la destrucción del soporte floral melífero. La Junta subraya la necesidad de encontrar nuevas ubicaciones para las colmenas en áreas no afectadas.
Los daños estructurales en la red viaria y otras infraestructuras han generado dificultades en la comunicación y acceso a las zonas afectadas. Teniendo en cuenta la pérdida del potencial productivo forestal-agrario y la destrucción de servicios ecosistémicos esenciales, se requiere una intervención pública inmediata para abordar estos desafíos.
