El Informe Europeo de Pagos 2026 de Intrum ha revelado que un 60% de las empresas de consumo en España aceptan retrasos en los pagos para mantener una buena relación con sus clientes. Según el estudio, el 33,9% de los ingresos de estas empresas proviene del comercio business to consumer (B2C), un sector que cobra especial importancia durante los períodos de mayor consumo en los hogares.
Las empresas orientadas al consumidor en España conceden un plazo medio de 22 días para recibir el pago de una factura, pero el abono efectivo suele realizarse 32 días después. En el sector del retail, este plazo asciende a una media de 34,4 días, siendo uno de los más altos en el segmento B2C, solo superado por la banca y los servicios financieros con 34,5 días. Durante épocas de alta actividad comercial, como la vuelta al cole, las empresas deben prestar especial atención a la gestión de su liquidez y cobros.
El 57% de las compañías españolas admite que los retrasos en sus cobros las llevan a pagar a sus proveedores fuera de plazo
Este fenómeno se refleja de forma significativa en el sector del retail, donde el 61% de las empresas reconoce haber retrasado pagos a proveedores debido a demoras en sus cobros, una problemática que solo es superada por el sector de tecnología y medios (72%), telecomunicaciones (71%) y energía y suministros (63%).
Además, el informe destaca que el 52% de las empresas españolas ha visto afectados sus objetivos de crecimiento debido a retrasos o impagos, lo que también puede derivar en dificultades para contratar, pérdida de productividad y deterioro de relaciones con los clientes. La preocupación se intensifica en un contexto donde los retrasos incrementan la brecha entre los plazos de pago acordados y los reales.
En las transacciones entre empresas, el plazo medio concedido es de 44 días, mientras que el pago se efectúa, en promedio, 62 días después, resultando en una brecha de 18 días. Ante este escenario, las compañías están reforzando sus medidas de prevención: el 52% solicita pagos adelantados, incrementando desde el 45% del año previo, el 42% realiza verificaciones de crédito a sus clientes y el 27% implementa medidas específicas para prevenir el fraude.
