El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha anunciado la concesión de subvenciones directas por un total de 40,41 millones de euros. Estas ayudas están destinadas a financiar proyectos de realojo, la promoción de viviendas asequibles o sociales y la construcción de viviendas protegidas, entre otras iniciativas.
Estas subvenciones, reguladas a través de un Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado, se han otorgado por razones de interés público, social y económico, lo que explica la ausencia de convocatoria pública. La norma que las regula entrará en vigor mañana.
Entre las asignaciones destacadas, el Ayuntamiento de Barcelona recibirá hasta 15.777.360 euros para fomentar la construcción de viviendas destinadas al alquiler accesible. Además, dispondrá de un máximo de 250.000 euros para la organización del encuentro Housing Summit 2026.
Por otro lado, la Comunidad de Madrid recibirá un máximo de 8.375.000 euros para impulsar los realojos de familias en la Cañada Real y para obras de adecuación de los inmuebles de destino. También se asignarán 5.399.120 euros al Área Metropolitana de Barcelona y 4 millones de euros a la Diputación de Sevilla para incrementar el parque público de alquiler asequible o social.
La entidad pública Casa 47 contará con una subvención de 3.560.630 euros para promover la construcción de cerca de 90 viviendas protegidas en Loma Colmenar, Ceuta. Además, el Ayuntamiento de Éibar en Guipúzcoa recibirá hasta 3 millones de euros para la rehabilitación y regeneración urbana en el barrio de Murrategi.
Las subvenciones se otorgarán en un solo pago anticipado, con un plazo de ejecución de hasta seis años prorrogables
Para las universidades, la Universidad Politécnica de Cataluña, la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona, se ha destinado una subvención conjunta de 50.000 euros para actividades de formación e investigación a través de la Cátedra Barcelona de Estudios de Vivienda.
Las viviendas construidas con estas ayudas deberán ser adjudicadas a través de registros de demandantes de vivienda u otros sistemas transparentes y públicos.
