El secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, anunció que los principales portales de alquiler están bajo investigación. Esta medida forma parte de las actuaciones de control desplegadas sobre el mercado del alquiler para verificar la conformidad de los anuncios con las normas de precios y los parámetros establecidos, especialmente en zonas con dificultades.
Las declaraciones de Barragán se realizaron en Madrid durante una jornada del grupo consultivo sobre consumo de la Comisión Europea (FSUG), actualmente presidido por Patricia Suárez, presidenta de Asufin. Barragán resaltó que las investigaciones continúan el trabajo ya iniciado en esta área y están enmarcadas en la Ley 12/2023, la cual permite asegurar el cumplimiento legal en escenarios de arrendamiento complejos.
El secretario también mencionó que ya se impuso una multa de 3,6 millones de euros a una agencia inmobiliaria, mientras que otras dos enfrentan un expediente. Asimismo, habló sobre los riesgos que presentan los precios dinámicos para los consumidores, señalando el uso de patrones oscuros y cargos adicionales ocultos que encarecen los precios finales.
Andrés Barragán enfatizó que la supervisión debe dirigirse tanto al contenido ofrecido a los consumidores como al modo en que se presenta, abarcando algoritmos e interfaces
Con relación a esta perspectiva más amplia de control, Barragán destacó que se han emitido más de 50 sanciones, acumulando multas por un valor total de 250 millones de euros. Citó el ejemplo de Airbnb, donde se eliminaron cerca de 66.000 anuncios ilegales y se impuso una multa de 64 millones de euros, ya que muchos de estos anuncios carecían de número de licencia y provenían de profesionales que se hacían pasar por particulares.
Además, Barragán alertó sobre el problema de que las emergencias se conviertan en oportunidades de especulación económica, citando incrementos de precios superiores al 300% en el transporte bajo demanda durante un apagón del año pasado. En respuesta, indicó que reintroducirán el decreto para regular los aumentos de precios en situaciones de emergencia, que fue derogado anteriormente.
Finalmente, Barragán defendió la necesidad de que los parámetros usados para fijar precios dinámicos sean transparentes y se comuniquen adecuadamente a los consumidores.
