El Consejo de Ministros ha decidido aumentar las reservas de gas natural licuado (GNL) dentro del tercer paquete de medidas diseñadas para mitigar el impacto del conflicto en Oriente Medio. Este incremento se enmarca en el Plan de Acción Invernal (PAI), con el objetivo de afrontar posibles picos de demanda o tensiones en el suministro durante el invierno. En concreto, las reservas se ampliarán hasta 21 días distribuidos a lo largo de los cinco meses invernales, un aumento significativo respecto a los 16,5 días del año anterior.
El aumento se detallará en los meses de noviembre, diciembre y marzo, donde las reservas subirán a tres días, 3,5 días y tres días respectivamente. Los meses de enero y febrero mantendrán las reservas previas de 6,5 y cinco días. Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, esta medida garantiza la disponibilidad de gas ante aumentos repentinos de demanda o interrupciones en las cadenas globales de suministro.
El gobierno planea aumentar las reservas de gas natural licuado para garantizar el suministro durante el invierno, asegurando la disponibilidad ante demandas inesperadas
Además, el Consejo de Ministros ha aprobado que la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) podrá autorizar la localización y el almacenamiento de estas reservas de seguridad para asegurar el abastecimiento durante períodos de tensión en los mercados.
En relación al sector de hidrocarburos, el régimen sancionador establecido por la Ley 34/1998 se actualizará, duplicando las cuantías de las multas. Las infracciones muy graves pasarán a tener sanciones de hasta 60 millones de euros, frente a los 30 millones actuales. Las infracciones graves podrán multarse con hasta 6 millones de euros, y las leves con hasta 600.000 euros.
Sara Aagesen, quien lidera el gabinete responsable de estas medidas, enfatizó que este endurecimiento en las sanciones busca reforzar la disuasión, prevenir especulaciones y asegurar la transparencia del mercado. Especialmente en lo referido a existencias mínimas de seguridad, la información proporcionada a la Administración, y las prácticas anticompetitivas en un contexto de volatilidad en los mercados internacionales.
