Cientos de miles de puestos de trabajo en riesgo y la viabilidad de la inmensa mayoría de centros concertados están en riesgo de aprobarse la nueva Ley de Educación que preparara el Gobierno de Pedro Sánchez, según ha alertado la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA).
La CONCAPA ha pedido a la ministra de Educación Isabel Celaá, que desista de llevar a cabo una reforma legislativa que no cuenta con el consenso del sector y que afecta "a la libertad de enseñanza, sin el más mínimo diálogo y consenso, y teniendo en cuenta que a los padres no se les había escuchado, siendo los primeros responsables de la educación de sus hijos".
CONCAPA advierte además que la reforma socialista que se está preparando "carece del más mínimo consenso y participación" y "asfixia el derecho a la libertad de enseñanza al omitir cualquier referencia a la libertad de enseñanza".
Es en este punto, donde el Gobierno quiere aprovechar para asestar un golpe mortal a la enseñanza concertada, la mayoría de titularidad católica, al no reconocer la demanda social como un criterio para la asignación de nuevos conciertos o para la apertura de nuevas líneas concertadas en los ya existentes, con independencia de la comunidad autónoma de la que estemos hablando.
Por tanto, la futura norma "restringe el derecho de las familias a elegir el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos puesto que elimina el concepto de demanda social y suprime la referencia a los padres como principales responsables de la educación de sus hijos", aseguran con razón desde CONCAPA entre otras muchas quejas referidas al papel de las familias, la enseñanza de la Religión, presupuestos y pruebas de diagnóstico.
Según datos publicados por Eurostat en 2015, el 68% de los centros en España son actualmente de titularidad pública, el 28% concertado y el 4% restante de titularidad puramente privada.
De ese 28% de centros concertados, el 60% pertenecen a la Iglesia católica, a través de las diferentes instituciones (diócesis, institutos religiosos, congregaciones, asociaciones, cooperativas, etc.)
En numerosas ocasiones los partidos de izquierda y de la izquierda radical se han mostrado partidarios de suprimir estos conciertos económicos, que en la historia reciente de nuestro país puso en marcha precisamente el Gobierno socialista de Felipe González en la década de los 80.
