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Resultados de búsqueda para: Administraciones Públicas

Juan Carlos Fouz, managing partner de CIONET Las Administraciones Públicas (AAPP) no han escapado a la tendencia de acelerar la digitalización que hemos vivido desde la pandemia. Pero, frente al sector privado, la modernización requerida a la Administración es de una urgencia extrema, bajo el riesgo de retrasar al país y al ciudadano en burocracia que reste competitividad, siendo ya España un país en el que, por su alta descentralización, no es sencillo operar. Siendo específicos, la agilidad con las que han respondido algunas Comunidades Autónomas contrasta con la situación de diputaciones y ayuntamientos, que han cumplido menos del 50% de los planes de digitalización aprobados en 2015. En Administraciones del Estado como Justicia o Contratación Pública no observo el uso de las tecnologías disruptivas que generarían un salto cualitativo inmediato, como blockchain o los smart contracts, que no parecen formar parte de sus actuales proyectos. En las conversaciones que he mantenido con líderes digitales, son recurrentes varios temas que ocupan la agenda del año 2022. Conciencia sobre seguridad Hemos vivido recientes y numerosas incidencias de seguridad en servicios públicos, en un contexto de aumento de servicios en cloud (la nube) y de auge inesperado del teletrabajo, que rompen con los perímetros protegidos por sistemas tradicionales. Además, la falta de políticas y tecnologías adaptadas a este nuevo entorno, la escasa formación de equipos y la ausencia de cultura en la contratación de seguros de ciberseguridad, pusieron contra las cuerdas a varios servicios críticos y obligaron a replantearse la gravedad de la situación con nuevas inversiones. Híper Automatización La velocidad es clave en la respuesta a los trámites administrativos y los ciudadanos están migrando voluntariamente a canales online de autoservicio a un ritmo sin precedentes, generando una oportunidad única para las administraciones más innovadoras. Muchas están destinando recursos a automatizar procesos…
La actuación de un gobernante se resume en elaborar un presupuesto y asignar el dinero en consecuencia. No es nuevo que ese presupuesto quede en nada y que se necesite emitir deuda para sufragar nuevos gastos, si bien es cierto que las sucesivas crisis de 2008 y de la pandemia han exacerbado este modo de proceder, hasta que la deuda llegó a superar el 125% del PIB, que ahora se ha moderado en términos de PIB, pero no en cifras absolutas. La presidenta de AIReF ha analizado la necesidad de revertir ese procedimiento, en parte por la salud financiera del país y, también, porque Bruselas aprieta para que se haga con las nuevas reglas fiscales que se aprobaron a finales del año pasado. En su intervención en un evento de EY, Herrero ha hecho un repaso por las cuentas españolas, tanto por su evolución reciente, presente y futura. La presidenta de la AIReF pone el foco en que España y sus administraciones deben hacer un esfuerzo para ajustar sus gastos a sus ingresos. Concretamente, habla de una senda de deuda descendente hasta más allá de la siguiente década, es decir, hasta 2038, después de que nuestro país plantee y ejecute una estrategia de cuatro años, a partir del próximo 2025. Este compromiso “requiere responsabilidad porque limita la actuación pública”, pero lo contrario puede traer consecuencias aún peores. “El incumplimiento puede originar medidas correctoras”, advierte Herrero. Por el momento, España se encontró en 2023 con una sorpresa positiva, que fue la de una expansión más dinámica de lo previsto, con ese crecimiento del 2,5% que, a su vez, permitió reducir la ratio de deuda sobre el PIB, aunque no en términos absolutos. Sin embargo, en ese crecimiento tuvo mucho que ver el consumo público, que fue más dinámico de lo esperado,…
La inflación ha desencadenado un incremento medio del 33% en los costes de las obras, lo que ha hecho que hasta 1.455 obras públicas hayan quedado desiertas lo que va de año con un presupuesto total de 653 millones de euros La subida del 33% de los costes provoca 1.455 obras públicas desiertas por 653 millones de euros en 2022, recoge Europa Press. Esta cifra representa en torno al 8% del total de proyectos que se ejecutan cada año, a los que las empresas no se presentan por la falta de actualización de precios por parte de las administraciones públicas y que se encuentran por debajo de los actuales precios de mercado. Así lo ha dado a conocer la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), a partir de los datos que les facilitan sus asociados, que cifran en 448.000 euros el presupuesto medio de obra que se ha quedado desierta este año, afectando principalmente a pequeños y medianos proyectos. En concreto, pese a los decretos aprobados por el Gobierno para que se revisen los precios, el 95% de los obras queda fuera de esta medida. Además, según la patronal, la Administración General del Estado ha planteado llevar al Tribunal Constitucional a las comunidades autónomas que han propuesto mejorar o extender el sistema de revisión de precios. La organización ha apuntado que el principal problema de contar con concursos a los que no se presenta ninguna empresa es que se paraliza la senda programada para el cumplimiento de los objetivos europeos, que es necesario cumplir para poder seguir accediendo a la financiación y acometiendo proyectos. Sumando los datos del último año, entre octubre de 2021 y enero de 2022, los contratos desiertos ascienden ya a 1.939, con un presupuesto de 882 millones de euros, a lo que se añaden las obras…
Las sanciones por alterar licitaciones se elevan hasta los 203,6 millones La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto multas por un importe total de 203,6 millones de euros a seis de las principales constructoras españolas por haber alterado durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras. Además, ha determinado la prohibición a estas empresas de contratar con la Administración. Las compañías y sanciones impuestas por Competencia son Acciona (29,4 millones), Dragados (57,1 millones), FCC (40,4 millones), Ferrovial (38,5 millones), OHL (21,5 millones) y Sacyr (16,7 millones), según ha informado este jueves Competencia, que ha declarado el archivo de actuaciones contra la empresa Lantania. La CNMC ha explicado que desde 1992 estas seis compañías se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos en los que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas. Además, intercambiaban información sobre su estrategia de presentación a los concursos públicos. Entre las miles de licitaciones afectadas existen infraestructuras de interés general como hospitales, puertos y aeropuertos y carreteras, según la CNMC. "Se trata de prácticas cuyos efectos han sido especialmente dañinos para la sociedad, ya que afectaron a miles de concursos convocados por Administraciones Públicas españolas para la construcción y edificación de infraestructuras como hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras, etc", subraya Competencia. Entre las administraciones públicas afectadas figuran fundamentalmente las pertenecientes al ámbito de fomento, incluyendo al Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) junto con sus organismos y entidades públicas empresariales dependientes. Según Competencia, estas conductas constituyen una infracción muy grave de los artículos 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La forma de actuar de las sancionadas El organismo que…
Las obras sin adjudicatario han triplicado a las que había en el mismo periodo del año pasado, alcanzando un 10% debido a la inflación El 10% de las adjudicaciones de obras públicas ha acabado, este primer trimestre del año, sin adjudicatario. Esto es el triple que en el mismo periodo de 2021, cuando tan solo el 3,2% de las mismas quedaron desiertas, según un estudio elaborado por Gobierno, una plataforma de servicios de estrategia y creación de productos digitales para administraciones públicas. En su análisis, basado en la recopilación y tratamiento de los datos procedentes de la Plataforma de Contratación del Sector Público, achaca a la inflación -que cerró marzo en el 9,8% interanual- el hecho de que cada vez más obras públicas no tengan "quien las construya". Así, considera que el encarecimiento de las materias primas desde la pasada primavera se ha trasladado a la licitación de obra pública "de manera acusada" y ha provocado un aumento de las adjudicaciones desiertas, una pérdida de la capacidad de ahorro y una menor concurrencia de licitadores. En ese sentido, los tres últimos trimestres "han pulverizado el récord de obras desiertas del tercer trimestre del 2019, cifrado en el 5%, elevándolo hasta el 6,6%, 7,0% y 10,2%, respectivamente". De hecho, tan solo en los tres últimos trimestres quedaron desiertas un total de 1.114 obras públicas, más que todas las que lo hicieron en los años 2019 (635) y 2020 (321) juntos, que suman 956. Medidas del Gobierno El Gobierno aprobó a principios de marzo una norma que persigue amortiguar el impacto que la subida de los precios de las materias primas está ocasionando en la obra pública española, fijando finalmente en un 5% el alza mínima de los materiales para que las empresas puedan acogerse a esta revisión de precios excepcional. Así,…
La deuda de las empresas públicas españolas, que no forman parte del sector administraciones públicas, se redujo en 2019 en términos nominales por octavo año consecutivo y cerró el pasado ejercicio en los 35,4 millones de euros. Así se desprende de un artículo analítico del Banco de España publicado este martes y recogido por Servimedia en el que analiza la evolución de la deuda pública en 2019. El Banco de España indica que la deuda de aquellas empresas públicas españolas que no forman parte del sector de las administraciones públicas y no se incluyen dentro de la deuda según el protocolo de déficit excesivo registraron 35,4 millones de euros de deuda al cierre de 2019, por debajo de los 36,1 millones del año anterior. En términos nominales, la deuda de las empresas públicas cayó por octavo año consecutivo. Del mismo modo lo viene haciendo su peso sobre el PIB, que en 2019 fue del 2,8%, frente al 3% el año anterior o el 4,6% que llegó a alcanzar en 2011 y 2012, máximos de la serie que comienza en el año 2000. El último dato disponible publicado es del primer trimestre de este año y revela un incremento de dicha deuda hasta los 36,2 millones, el 2,9% del PIB. Entre las empresas públicas consideradas se encuentra Renfe, Adif, Aena o la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Esta última no registró deuda el año pasado. El organismo precisa que la reducción acumulada desde 2011 ha sido de 13,8 millones de euros, siendo especialmente acusada en el caso de las empresas públicas dependientes de las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Por otra parte, el artículo recoge que la deuda de las administraciones públicas terminó 2019 en el 95,5% del PIB, 2,1 puntos que en 2018. En el caso de la…
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado que todas las administraciones públicas y no solamente las comunidades autónomas puedan negociar la jornada laboral para los funcionarios de 35 horas semanales, y recordó al Gobierno que deberá aplicar la subida salarial adicional del 0,25%. En un comunicado, el sindicato señaló que Castilla y León, Andalucía, Extremadura, País Vasco, Canarias, Asturias y Castilla-La Mancha (salvo en la educación) ya tienen acordada la jornada de 35 horas y pidió que esto se extienda al conjunto de las administraciones públicas para evitar “agravios”. CSIF reclamó al Ejecutivo en funciones y a las administraciones públicas que se comprometan a recuperar condiciones laborales perdidas por los empleados públicos en la nueva legislatura. Además, consideró que "el Gobierno debe ir preparando el tramo de la subida adicional del 0,25%", adicional al 2,25% ya aplicado, por haberse registrado un incremento del PIB superior al 2,5% en 2018. CSIF tiene una hoja de ruta para el nuevo Gobierno en la que plantea, entre otras, reforzar las competencias del Estado y los mecanismos de inspección, un plan de recursos humanos a medio plazo ante un déficit de 95.000 empleos, eliminar la brecha salarial y garantizar la paridad, elevar el permiso de paternidad a 20 semanas en 2020 y facilitar el teletrabajo.
La locomotora turística española ha reactivado su capacidad de generación de riqueza y el sector refuerza su presencia -y prestigio- internacional. Mientras la industria discute el cambio de modelo del turismo en España, de uno de volumen a otro de mayor valor añadido, el sector hotelero expande su marca por el mundo. Analizamos el presente y el futuro de esta actividad junto a Carlos Ulecia, Secretario General y del Consejo de NH Hotel Group, en una iniciativa de la práctica legal de EY Abogados. La economía española acumula un periodo importante de crecimiento, sostenido, entre otros factores, por la aportación del turismo. ¿Qué podemos esperar de los próximos meses? El turismo se ha convertido en motor de la recuperación económica española tras la pandemia. En 2023 aportó 186.596 millones de euros, el 12,8% del Producto Interior Bruto (PIB) español, récord histórico nacional. El año pasado, casi tres cuartas partes del crecimiento del PIB se debieron al turismo. La Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, ha previsto para 2024 un escenario central donde la aportación del turismo superará por primera vez los 200.000 millones de euros, con un incremento anual del 8,6%, que sería del 4,6% en términos constantes, sin contar la inflación. Las buenas previsiones obedecen a la fortaleza de la demanda, al inevitable aumento de los precios para hacer frente a la subida de los costes energéticos, financieros, salariales y de suministros, y también a la total reactivación de todos los segmentos y mercados (sólo con la excepción del mercado asiático, que no se ha reactivado totalmente todavía). "Objetivo: añadir más de 200 propiedades a nuestra cartera global en los próximos tres años" ¿No cree que esa dependencia del turismo puede llegar a ser contraproducente? No lo consideraría una dependencia ni un hándicap, sino una excelente oportunidad. España recibió…
“Compañías como Kodak, Blockbuster o Blackberry estaban enamoradas de su producto, no de su cliente”  La mortalidad de empresas en España es elevada, en muchos casos por la propia estructura de la economía de nuestro país. No obstante, también la estrategia está implicada en esa situación. Para conocer más al respecto, Capital entrevista a Benito Rodríguez Bouza, asesor de estrategia y autor de “Estrategia 360, qué diferencia a las empresas que triunfan de las que quiebran”.  75 negocios cierran al día en España, ¿cómo nos deja esto en relación a los países de nuestro entorno? Pues, según los datos que arroja Eurostat, mal. Los resultados muestran que, si comparamos los datos de declaraciones de quiebras en el 2018 con el cierre de 2022, vemos un crecimiento del 164%. Afortunadamente, este dato se ha reducido ligeramente a finales del 2023, pero continúa siendo negativo.  Durante los últimos cuatro años, España ha sido uno de los países de la Unión Europea (UE) en los que más han crecido las declaraciones de quiebra o concursos de acreedores. De hecho, en el tercer trimestre del 2023, España ocupaba la cuarta posición por detrás de países como Hungría, Letonia y Estonia. Ha ido variando su posición en el ranking según el trimestre considerado, pero siempre con muy malos resultados.  De hecho, desde Bruselas ya han mostrado su preocupación y nos han señalado como los causantes de empujar al alza la media del conjunto de quiebras de la UE.   ¿Por qué se producen estos cierres? ¿Lo explica la estacionalidad y la estructura sectorial de nuestra economía o es a causa de la mala gestión? Lo explica, pero parcialmente. Hay que distinguir entre lo coyuntural y lo estructural. La estacionalidad es un factor a tener en cuenta, pero no determinante del éxito o fracaso de una empresa.…
La fiscalidad es una de las quejas tradicionales de la patronal. Recientemente, se han introducido algunos cambios, como la llamada cuota de solidaridad, que suponen otro pellizco más a la parte que tienen que abonar los trabajadores a las Administraciones Públicas. No obstante, el trabajador no realiza dicho abono en la práctica, sino que lo hace la empresa en su nombre. Es por eso que Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, propone hacer un cambio en esta dinámica, pese a que la parte política se muestra reacia. De esa forma, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales cree que los trabajadores deberían recibir su nómina mensual completa y ser ellos quienes ingresen ante la Seguridad Social sus cotizaciones. "Es la forma en la que se vería realmente cuánto es el coste real de los salarios en España", ha señalado Garamendi en declaraciones a la prensa durante su asistencia al IV Encuentro del Comercio de CEOE. El dirigente empresarial ha explicado que se trataría de que le llegue al trabajador todo el dinero de su nómina y sea él --como sucede en el Impuesto sobre la Renta--, quien declare ante la Seguridad Social y ante Hacienda. "Puede ser casi el doble de lo que realmente a alguien le llega al bolsillo", ha apuntado Garamendi, que ha vuelto a justificar su 'no' a la reforma de pensiones que llevó a cabo el ya exministro de Inclusión José Luis Escrivá en el mayor coste que supone para las empresas. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha tildado de "imprudente" la sugerencia del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, de que sean los trabajadores los que reciban su nómina mensual completa para que, de esa manera, sean ellos quienes ingresen ante la Seguridad Social…