El Partido Popular (PP) ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a abordar lo que considera un "exceso regulatorio" en España. El grupo parlamentario demanda la elaboración de un "inventario exhaustivo del derecho estatal" que permita identificar y derogar formalmente aquellas normas que han quedado obsoletas o han sido derogadas tácitamente.
La iniciativa, dirigida a ser debatida en sesión plenaria, también solicita al Ejecutivo el lanzamiento de un Plan Nacional de Simplificación Normativa. Dicho plan debería alinearse con los objetivos de la Brújula de la Competitividad de la Unión Europea y las directrices del Programa de Trabajo de la Comisión Europea para 2026. El objetivo es reducir el volumen regulatorio y las cargas administrativas, proponiendo una disminución del 25% de estas cargas de manera general y del 35% para las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Además, el PP sugiere establecer un límite a la producción normativa implementando el principio de "una norma nueva, tres derogadas", una estrategia que la Comisión Europea aplica desde 2022 según los principios de mejora regulatoria y simplificación administrativa.
El PP sostiene que la pesada carga regulatoria y la falta de calidad normativa son obstáculos para el crecimiento económico y la inversión en España
En coherencia con ello, se propone asegurar la estabilidad y coherencia del ordenamiento jurídico, examinando la viabilidad de pasar progresivamente a un enfoque de "una norma nueva, una norma derogada", una postura respaldada mayoritariamente en el Parlamento Europeo el 22 de enero de 2026.
El partido también aboga por un Plan de Acción para la Simplificación y Depuración Normativa, en colaboración con las comunidades autónomas. Este plan seguiría el modelo de la Comisión Europea y se centraría en revisar incoherencias, solapamientos, duplicidades e ineficiencias administrativas.
Entre las medidas propuestas, se incluye la simplificación de los procedimientos administrativos y de contratación pública, eliminando obstáculos burocráticos innecesarios para facilitar la ejecución de inversiones, en especial aquellas financiadas con fondos europeos. Otra de las propuestas es la revisión del Real Decreto 931/2017, para mejorar la calidad de la regulación y reforzar los mecanismos de análisis y evaluación de impacto normativo.
En la exposición de motivos de la proposición, el Grupo Popular subraya que la regulación debe establecer reglas claras y proteger derechos, pero advierte que la excesiva complejidad normativa puede frenar el crecimiento económico y reducir la competitividad. Además, señala que la fragmentación normativa genera "inseguridad jurídica" y eleva los costes para las empresas, principalmente las pymes, agravando el impacto negativo con la gestión de fondos europeos.
Por último, el PP defiende la urgente necesidad de adoptar medidas que racionalicen el marco regulatorio, mejoren la calidad de las normas, agilicen los procedimientos administrativos y promuevan un pacto entre administraciones para reducir la fragmentación normativa y garantizar la coherencia de la regulación.
