El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha criticado a PP, Vox y Junts por oponerse al decreto ley del Gobierno que busca regular los 'lobbies' y establecer un registro público y obligatorio de grupos de interés. López considera que estos partidos pretenden ocultar "a qué intereses responden". El decreto ley, que llega esta semana a su votación final en el Congreso, fue aprobado por el Gobierno después de que un proyecto de ley similar quedara bloqueado en la Cámara desde febrero de 2025 debido a la falta de acuerdo parlamentario.
A pesar de que el texto ha incorporado muchas de las propuestas de estos partidos, se espera que el Congreso derogue el decreto, ya que PP, Vox y Junts suman mayoría absoluta. López ha recordado que el objetivo del decreto es cumplir con compromisos europeos de transparencia y asegurar la trazabilidad de las leyes, permitiendo saber quién ha influido en ellas y qué intereses defienden.
La normativa persigue establecer un registro estatal público y obligatorio de grupos de interés, gestionado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
El decreto, promovido por el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública, define qué se considera un grupo de interés, regulando la relación con la Administración del Estado. Se consideran 'lobbies' las personas físicas y jurídicas, así como agrupaciones sin personalidad jurídica, como plataformas y redes, que influyen sobre el personal público. La norma detalla las comunicaciones destinadas a influir en decisiones públicas o en la creación de políticas y normativa, beneficie a intereses propios o de terceros.
La nueva regulación alcanza a altos cargos de la Administración General del Estado y su sector público, incluidos asesores y personal de confianza. La inscripción en el registro de 'lobbies' será obligatoria, pública, gratuita y electrónica, y estará supervisada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que también gestionará el régimen sancionador por infracciones cometidas por los grupos de interés.
Además, se permitirá la conexión del registro estatal con los registros autonómicos y locales, y con el de Transparencia de la Unión Europea. Todos los contactos entre grupos de interés y personal público deberán ser publicados en el Portal de la Transparencia, asegurando así la integridad y trazabilidad de las actividades de influencia.
