El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, comparece este jueves ante la Audiencia Nacional en calidad de acusado dentro del juicio relacionado con la 'Operación Kitchen'. Se trata de una presunta operación parapolicial llevada a cabo durante el gobierno de Mariano Rajoy. El objetivo de la misma habría sido sustraer información al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, para dificultar las investigaciones sobre una supuesta contabilidad oculta del partido.
Previamente, testificará Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, siendo el primero en declarar entre los acusados. El juicio se ha desarrollado durante dos meses, contando con más de 150 testigos y la reproducción de numerosos audios. La Fiscalía Anticorrupción solicita para Fernández Díaz 15 años de prisión y 33 años de inhabilitación por delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad. La misma pena de cárcel se solicita para Martínez.
La operación tenía como fin evitar que cualquier material incriminatorio contra el Partido Popular y sus dirigentes fuera aportado al procedimiento judicial
Según la Fiscalía, la operación se focalizaba en adquirir archivos en manos de Bárcenas, quien estaba siendo investigado en el conocido caso Gürtel por la Audiencia Nacional. El chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, fue supuestamente reclutado como confidente por el comisario jubilado José Manuel Villarejo, informando a este y a otros altos cargos policiales sobre el extesorero.
Durante el juicio, se analizaron mensajes de texto que Fernández Díaz presuntamente envió a Martínez acerca del volcado de dispositivos electrónicos de Bárcenas. Uno de los mensajes fechados en octubre de 2013 corroboró el clonado de contenido en una cafetería del centro de Madrid por expertos de la Policía. Sin embargo, un perito informático sugirió "indicios de manipulación" en los mensajes, sin poder certificar plenamente que fueran enviados por Fernández Díaz.
El desarrollo del juicio también contempla las próximas declaraciones de otros acusados, incluidos Eugenio Pino y Andrés Gómez Gordo, para quienes se solicitan 15 años de cárcel. La pena más elevada la enfrenta Villarejo con 19 años, mientras que para el chófer de Bárcenas se piden 12 años y cinco meses. Martín Blas, jefe de Asuntos Internos en el momento del presunto espionaje, afronta una petición de dos años y medio de prisión. Otros implicados podrían ver archivados sus casos por falta de pruebas sólidas.
Respecto a las consecuencias económicas, la Fiscalía plantea indemnizaciones de 6.000 euros para Bárcenas y 3.000 para su esposa por el supuesto espionaje a su intimidad, con responsabilidad subsidiaria de la Administración General del Estado. Además, solicita que Fernández Díaz, Martínez y Pino compensen a la Administración del Estado con 57.943 euros por malversación. Otros acusados enfrentarían indemnizaciones específicas derivadas de sus presuntas participaciones en los hechos.
