La Policía Nacional ha llevado a cabo la detención de dos personas y está investigando a otras dos en relación a un supuesto fraude de 500.000 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social. El esquema de fraude involucra a varias empresas agrícolas interconectadas en Almería. Tras la intervención de las fuerzas de seguridad, la autoridad judicial ha ordenado el bloqueo de siete inmuebles, valorados en un millón de euros, y de diez cuentas bancarias para asegurar potenciales responsabilidades económicas.
Según el comunicado oficial de la Policía, los detenidos fueron puestos en libertad tras prestar declaración asistidos por sus abogados. Las diligencias correspondientes se han trasladado al Tribunal de Instancia, Sección de Instrucción de Almería, plaza número 3, donde las investigaciones continúan en curso.
La operación 'Tributo' ha destapado un sistema de fraude laboral mediante el traspaso encubierto de negocios para eludir el pago de cotizaciones sociales
En lo que supone el núcleo de la operación investigada, llevada a cabo desde 2009, se detectó que las empresas involucradas realizaban una transferencia de sus actividades a nuevas entidades tras acumular importantes deudas. Aparentemente, el mismo negocio se continuaba usando los mismos empleados y recursos, pero bajo una nueva titularidad formal, evadiendo así las obligaciones de cotización correspondientes a la Seguridad Social.
Entre los investigados figuran varios miembros de una familia relacionados con las distintas empresas, así como un antiguo trabajador que llegó a gestionar una de las fincas como empresario individual. Esta investigación se inició en febrero de 2025, a raíz de una solicitud del Juzgado de Instrucción número tres de Almería, tras reportes de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.
La pesquisa fue dirigida por el Grupo VIII de Delincuencia Económica y el Grupo XI de Blanqueo de Capitales de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Almería. El examen de las actividades reveló que las sociedades compartían recursos laborales, patrimoniales y empresariales de forma oculta, usando domicilios, representantes, y cuentas comunes para aparecer como entidades independientes. Además, se registraron operaciones patrimoniales que podrían haber buscado dificultar la acción recaudatoria de la Administración.
