La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha demandado un incremento de recursos para la Fiscalía de Ceuta debido a la situación extraordinaria provocada por la crisis migratoria en la ciudad autónoma. En un comunicado publicado este jueves, la organización señaló la necesidad de contar con un intérprete permanente, aumentar tres veces el número de guardias y facilitar el desplazamiento voluntario de fiscales de otros puntos de España.
La UPF indicó que las circunstancias actuales sobrepasan la capacidad ordinaria de la Fiscalía de Ceuta, integrada por solo ocho fiscales efectivos, quienes enfrentan elevadas presiones laborales. Desde la entrada masiva de 80.000 personas procedentes de Marruecos entre el 30 y el 31 de julio, que resultó en 83 decesos, la carga operacional para los fiscales incluye labores reforzadas y atención en casos de menores, trata de seres humanos y violencia contra la mujer.
Los fiscales en Ceuta enfrentan una carga excepcional por la crisis migratoria, que requiere refuerzos urgentes
Ante esta situación, se han llegado a realizar alrededor de 200 entrevistas diarias con individuos que dicen ser menores de edad, conforme a los procedimientos de determinación de edad. La UPF destaca que, aunque el servicio de guardia ya se ha duplicado, ven la necesidad de avanzar hacia su triplicación.
La UPF ha solicitado al Ministerio de Justicia un servicio permanente de interpretación específico para la Fiscalía de Ceuta, insistiendo que esta es una necesidad más urgente pues no se puede depender solamente del intérprete asignado a las actuaciones judiciales. Según la asociación, este servicio es crucial para llevar a cabo cientos de entrevistas en determinadas jornadas.
Adicionalmente, han identificado una dificultad añadida dado que la bolsa de fiscales sustitutos ha quedado desierta. Frente a esto, la UPF solicita que se implementen mecanismos jurídicos, organizativos y económicos que permitan a fiscales de otros territorios colaborar temporalmente en Ceuta. Una crisis que afecta al Estado no puede ser sostenida exclusivamente por los ocho fiscales allí destinados, subrayaron, insistiendo en que Ceuta es responsabilidad de todos.
La UPF ha remarcado también la destacada labor de los fiscales y las oficinas de Ceuta, acentuando el esfuerzo realizado en temas de Violencia sobre la Mujer. Esperan, además, un reconocimiento institucional por parte de la Fiscalía General del Estado tras la superación de la crisis. Asimismo, han reiterado que la emergencia no debe ser una excusa para reducir las garantías de menores ni de personas necesitadas de protección internacional.
En conclusión, la UPF urge a la Fiscalía General del Estado a monitorizar permanentemente las necesidades de Ceuta y mantener la interlocución directa, y al Ministerio de Justicia a responder con prontitud a las peticiones del Ministerio Fiscal. Han dejado claro que ante situaciones extraordinarias debemos ensanchar las costuras del Estado, no reducir los derechos.
