El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha manifestado su decepción tras el rechazo del Congreso a la 'Ley de Lobbies'. Esta decisión implica que España dejará de recibir 260 millones de euros de los fondos europeos de recuperación, pues dicha ley era uno de los compromisos asumidos ante la Comisión Europea. López comentó en la cadena SER que, inicialmente, el coste vinculado a la regulación de grupos de interés superaba los 2.000 millones de euros. Sin embargo, tras renegociaciones con Bruselas y la negativa del Parlamento, la pérdida específica será de 260 millones euros.
La derecha y la ultraderecha no quieren transparencia, y ahora ya no valen excusas
El ministro argumentó que ya no se pueden realizar más renegociaciones con la Unión Europea, dado que el periodo de ejecución y notificación ha finalizado. Defendió que la normativa se discutió durante más de un año en el Parlamento y las negociaciones se extendieron hasta la extenuación con la integración del 90% de las enmiendas solicitadas por la oposición. López señaló que se introdujo, a petición de los grupos parlamentarios, que el registro obligatorio de 'lobbies' dependiera del Consejo de Transparencia en lugar de la Oficina de Conflicto de Intereses.
López expresó su incomprensión ante el rechazo o la abstención de varias fuerzas parlamentarias, destacando que la normativa solo imponía restricciones a la Administración General del Estado, no a las comunidades autónomas. Asimismo, criticó la falta de compromiso de la oposición, que ha causado la pérdida de importantes fondos europeos.
Según el ministro, el rechazo liderado por el Partido Popular responde a prácticas anteriores, como aquellas llevadas a cabo por el exministro Montoro, quien, según López, representa un ejemplo de conflictividad en el tránsito entre cargos públicos y privados.
El Pleno del Congreso derogó el decreto ley del Gobierno que buscaba regular la actividad de los 'lobbies' con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN. La norma fue respaldada por PSOE, Sumar, ERC y Bildu, pero no superó los 179 votos contrarios de los mencionados partidos y las abstenciones de PNV y Podemos. Sumar, que inicialmente iba a votar en contra, decidió sumarse finalmente al apoyo del PSOE. Este había sido el segundo intento del Gobierno para legislar sobre los grupos de interés, pues una iniciativa anterior en enero de 2025 también fracasó por falta de consenso. El decreto ley, que entró en vigor a finales de agosto, quedó derogado al no recibir el respaldo del Congreso.
