Una de las principales críticas al sistema científico español es su dificultad para transformar la investigación en actividad económica. Sin embargo, esa situación está cambiando. Universidades, centros públicos de investigación y hospitales impulsan cada vez más empresas surgidas directamente de sus laboratorios, las conocidas como spin-offs, con el objetivo de convertir descubrimientos científicos en productos y servicios capaces de competir en el mercado internacional.
El fenómeno todavía está lejos de las cifras que registran países como Estados Unidos, Reino Unido o Alemania, pero muestra una evolución positiva. Según el informe IUNE, elaborado por el Observatorio IUNE con datos del sistema universitario español, las universidades continúan incrementando la creación de empresas basadas en conocimiento, al tiempo que aumenta la actividad relacionada con la protección de patentes y la transferencia de resultados de investigación.
Las spin-offs se diferencian de otras startups porque nacen directamente de una universidad o un organismo público de investigación. Habitualmente desarrollan tecnologías que han sido previamente investigadas durante años y que cuentan con una sólida base científica. Para facilitar este proceso, prácticamente todas las universidades españolas disponen hoy de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), encargadas de proteger la propiedad intelectual, buscar socios industriales y asesorar a los investigadores en la creación de empresas.
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) constituye uno de los principales motores de esta actividad. Según datos del propio organismo, mantiene una política activa de transferencia tecnológica mediante licencias, patentes y creación de empresas derivadas. Tecnologías relacionadas con nuevos materiales, biotecnología, química, inteligencia artificial o energías renovables forman parte de las áreas con mayor potencial de comercialización.
La protección de la innovación también continúa creciendo. La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) señala que universidades y organismos públicos de investigación siguen figurando entre los principales solicitantes nacionales de patentes, un paso imprescindible para que una tecnología pueda atraer inversión privada y llegar posteriormente al mercado.
Algunos casos ilustran esta transformación. La Universidad Politécnica de Cataluña impulsó Fractus, especializada en el desarrollo de antenas para dispositivos móviles y considerada una de las spin-offs universitarias españolas de mayor proyección internacional. La Universidad Politécnica de Madrid participó en el nacimiento de Sensia Solutions, dedicada a sistemas de termografía avanzada para aplicaciones industriales y de seguridad. Por su parte, distintas universidades y hospitales españoles han dado origen a empresas biotecnológicas centradas en nuevos tratamientos médicos, diagnóstico molecular o medicina personalizada.
La biomedicina concentra buena parte de estas iniciativas. Instituciones como el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) o diversos institutos de investigación sanitaria participan regularmente en proyectos de transferencia tecnológica, aunque no todos desembocan necesariamente en la creación de nuevas empresas.
No obstante, convertir un descubrimiento científico en una empresa rentable sigue siendo un proceso complejo. La inversión necesaria suele ser elevada, especialmente en sectores como la biotecnología o los nuevos materiales, donde pueden transcurrir años entre el desarrollo de una tecnología y su comercialización. A ello se suma la dificultad para acceder a financiación en fases muy tempranas, un problema señalado de forma recurrente por la Fundación CYD y la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE).
En los últimos años también ha aumentado el interés de fondos especializados y programas públicos por este tipo de proyectos. Iniciativas impulsadas por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), ENISA o el Consejo Europeo de Innovación (EIC) buscan precisamente reducir el denominado "valle de la muerte", la etapa en la que muchas tecnologías prometedoras fracasan por falta de financiación antes de llegar al mercado.
