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Diego Rubio, director del gabinete de la Presidencia del Gobierno, presentará el Informe Anual de Seguridad Nacional de 2025 ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso y el Senado este viernes. El documento, publicado en mayo, advierte sobre la presencia de más de 600 narcolanchas en el Estrecho de Gibraltar y el riesgo que representa la denominada "flota fantasma" rusa para España. El informe detalla que las narcolanchas, de tipo go-fast, están vinculadas al tráfico de drogas y que se ha observado un aumento en la agresividad de los narcotraficantes contra las fuerzas de seguridad, utilizando incluso armas de guerra. Además, se ha constatado una reactivación de la ruta de tráfico de hachís desde Marruecos hacia España, con especial vulnerabilidad en las áreas del Estrecho de Gibraltar y el arco Canarias-Atlántico. El incremento de la "flota fantasma" rusa cerca de Canarias obliga a reforzar la vigilancia naval y el control portuario Sobre la "flota fantasma" rusa, el documento reporta la presencia de 50 barcos en las proximidades de Canarias, un aumento significativo durante 2025. Estos barcos, principalmente petroleros que operan al margen de sanciones y cerca de las costas españolas, transbordan hidrocarburos rusos, venezolanos e iraníes hacia Asia. A pesar de su creciente actividad, el Gobierno admite que actuar legalmente contra estas embarcaciones es complicado. El informe también alerta sobre campañas de desinformación vinculadas al extremismo, con un enfoque particular en Rusia. Estas campañas buscan socavar la neutralidad de instituciones como la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. En este contexto, se han exacerbado debates sensibles, como los relacionados con flujos migratorios, incidiendo en la polarización social. Asimismo, se recuerda el impacto de estas campañas en Torre-Pacheco, Murcia, en julio de 2025, como ejemplo del poder de la desinformación. Además, el Departamento de Seguridad Nacional señala la desinformación…
La última sesión de control al Gobierno de este periodo de sesiones, que se celebrará el miércoles en el Congreso, será aprovechada por la oposición para cuestionar al Ejecutivo sobre las investigaciones judiciales relacionadas con Leire Díez y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Entre las preguntas, destacan las dirigidas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como a varios de sus ministros. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, interrogará a Sánchez sobre si va a asumir su responsabilidad política en relación a los casos judiciales que afectan a exdirigentes del PSOE y a su familia. Asimismo, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, planteará al vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, la pregunta: ¿Dicen ustedes alguna vez la verdad? Este será el tercer enfrentamiento directo entre ambos en el Pleno. La oposición busca esclarecer si hay diferencias en el seno del Gobierno sobre la percepción de un posible "golpe de Estado judicial" En esta misma línea, Cuca Gamarra, diputada del PP, preguntará al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes si comparte la opinión de que se está llevando a cabo un golpe de Estado judicial. Además, el secretario general del PP, Miguel Tellado, buscará conocer qué significa para el ministro Bolaños "cumplir y hacer cumplir la ley" en el contexto de las recientes denuncias de prevaricación judicial. Por su parte, Borja Sémper, diputado del PP, solicitará al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que aclare las "informaciones" que le preocupan, en referencia a sus declaraciones sobre una operación para derribar al Gobierno. Desde Vox, el líder Santiago Abascal interrogará a Sánchez sobre el uso de recursos públicos para evitar investigaciones judiciales y policiales, mientras que Pepa Millán, portavoz en la Cámara Baja, preguntará al ministro de la Presidencia y Justicia sobre los intereses…
La Comisión Europea ha dejado abierta la posibilidad de iniciar un procedimiento de infracción en relación con la investigación del accidente ferroviario de Adamuz, registrado el 18 de enero, en el que murieron 46 personas. Esta decisión se tomaría si se acreditan vulneraciones de la normativa europea, según ha informado el Partido Popular (PP). La respuesta desde Bruselas surge tras una pregunta del eurodiputado del PP Borja Giménez Larraz, quien solicitó aclaraciones acerca de la preservación de pruebas durante la investigación del incidente y sobre la posible retirada de elementos de la infraestructura antes de completarse las inspecciones, denuncias realizadas por algunos testimonios judiciales. En su respuesta, la Comisión Europea recalca que la legislación nacional debe garantizar que las investigaciones de accidentes ferroviarios se realicen de manera independiente, eficiente y en el plazo más breve posible. Además, subraya que los organismos nacionales de investigación deben operar de manera independiente de cualquier entidad cuyas intereses pudieran entrar en conflicto con las tareas asignadas a estos organismos. La Comisión Europea ha manifestado que podría iniciar un procedimiento contra España si se encuentran pruebas sólidas de incumplimiento de la normativa de la Unión La Directiva (UE) 2016/798, mencionada por Bruselas, establece garantías específicas para los investigadores, incluyendo su derecho a acceder a cualquier información pertinente, así como normas para la cooperación entre las autoridades implicadas en la investigación de accidentes ferroviarios. Aunque la Comisión Europea afirma que no ha recibido pruebas del organismo de investigación español que sugieran que la investigación carezca de independencia o que la legislación española no proteja los derechos de los investigadores, según el PP, evita pronunciarse sobre si la retirada de pruebas antes de que los investigadores elaboraran un inventario fue compatible con los requisitos de la normativa europea. La Comisión subraya que garantizar la adecuación de los…
El Congreso de los Diputados debatirá y votará esta semana la ley que busca transferir la gestión y titularidad de la autopista AP-9 a Galicia. Esta iniciativa parlamentaria, nacida en el Parlamento de Galicia, fue desbloqueada recientemente gracias a un acuerdo entre el PSOE, BNG y Sumar. El pacto incluye tanto la gestión como la titularidad de la vía bajo control de la Xunta de Galicia. El nuevo texto, resultado del mencionado acuerdo, ha dado lugar a una proposición de ley orgánica que se encuentra en tramitación en las Cortes. La ley plantea como objetivo la transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia de la titularidad de la AP-9 y las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión, así como las funciones y servicios de la autopista AP-9. Para ello, se prepara una propuesta de acuerdo que será elevada a la Comisión Mixta de Transferencia, la cual establecerá las condiciones y límites para la transmisión de las competencias que hasta ahora eran gestionadas por el Estado. El objetivo principal de la ley es transferir a Galicia la titularidad y competencias sobre la AP-9, incluida la gestión jurídica y de concesiones de la autopista Dentro de las condiciones del traspaso, el acuerdo deberá detallar la autorización para la puesta en servicio de nuevos tramos y modificaciones en los ya existentes. Asimismo, establecerá cómo se llevará a cabo la supervisión y sanciones relacionadas con la gestión de la autopista. A su vez, se definirán los términos sobre las modificaciones en el régimen económico-financiero de la concesión, que incluyen temas de tarifas, peajes y programas de descuento. En cuanto a las repercusiones económicas del acuerdo, el texto estipula que la Administración General del Estado conservará ciertas obligaciones económicas y financieras relacionadas con la concesión de la autopista. La Xunta asumirá las obligaciones…
El Congreso y el Senado se preparan para votar este martes, 23 de junio, la Declaración de la Cuenta General del Estado de 2024. Esta declaración ha generado controversia luego de que el Tribunal de Cuentas detectara el uso de aproximadamente 2.400 millones de euros de fondos europeos sobrantes para el pago de pensiones, lo que ha provocado el rechazo de una mayoría conformada por el Partido Popular (PP) y Vox. El pasado 16 de junio, en una reunión a puerta cerrada, la ponencia de la comisión decidió, por mayoría, expresar su rechazo a la Cuenta General del Estado, la última evaluada por el Tribunal de Cuentas. Este rechazo será ahora recogido en un informe elaborado por el personal letrado de la Comisión Mixta y se someterá a votación en una sesión abierta el 23 de junio, como se detalla en el borrador del orden del día, según información de Europa Press. La votación del próximo 23 de junio podría marcar un precedente al ser la primera vez en años que el Parlamento rechaza la Cuenta General del Estado La sesión también incluirá el análisis y votación de las propuestas de resolución que los grupos parlamentarios han presentado en respuesta al informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas. Vox, liderado por Santiago Abascal, propone devolver la declaración al Tribunal de Cuentas, argumentando motivos como la ausencia de Presupuestos Generales del Estado y el uso de modificaciones presupuestarias por parte del Gobierno. Además, critican los riesgos asociados a estas modificaciones, el deterioro de las cuentas públicas y el voto particular presentado por un consejero del Tribunal. El PP, por su parte, también aboga por la devolución de la declaración y solicita que el Tribunal de Cuentas elabore, en un plazo "improrrogable e inexcusable" de tres meses, un informe que detalle las…
El Senado debatirá y votará este miércoles una iniciativa presentada por el Partido Popular (PP) que busca instar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a disolver las Cortes Generales y convocar elecciones. Esta medida sigue el veto de PSOE y Sumar en el Congreso a las enmiendas del PP y Junts que pedían finalizar la legislatura y llamar a las urnas. El PP aprovecha su mayoría absoluta en la Cámara Alta para asegurar la aprobación de su propuesta, aunque también pretende atraer el apoyo de formaciones como PNV y Junts, que han solicitado públicamente elecciones anticipadas. La discusión y votación de esta moción coincidirá con la comparecencia de Sánchez en el Congreso para abordar el último Consejo Europeo y las investigaciones judiciales que afectan a su partido. El PP trasladó su petición al Senado tras encontrar obstáculos en el Congreso, donde su enmienda fue bloqueada En el texto de la moción, el PP argumenta que las recientes investigaciones policiales y judiciales justifican una demanda de responsabilidades políticas por parte del Gobierno. Asimismo, critica la legislatura por la falta de presupuestos generales y de un Debate sobre el Estado de la Nación. La moción destaca un bloqueo político debido a la escasa actividad legislativa y los limitados apoyos parlamentarios del Ejecutivo. Además, la moción solicita que el Gobierno asuma la responsabilidad política por casos de presunta corrupción relacionados con el PSOE y otros altos cargos. Se insta también a Sánchez a utilizar su prerrogativa para disolver las Cortes y convocar elecciones. Paralelamente, el PP intentó reformular su moción en el Congreso para superar el veto de la Mesa, presidida por Francina Armengol, pero se encontró de nuevo con la negativa. Aunque se permitió discutir la dimisión de Sánchez y la posibilidad de una cuestión de confianza, la solicitud de elecciones fue…
Moncloa ha expresado su rechazo a la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir un juicio oral con jurado popular contra Begoña Gómez. Según fuentes de Moncloa, esta acción constata la persecución, la obsesión y la desproporción del magistrado, quien, según dichas fuentes, ha llevado a cabo una instrucción carente de sentido jurídico y motivada por razones políticas. El juez Peinado ha decidido retirar el pasaporte a Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prohibiéndole además salir del país. También se le ha impuesto la obligación de comparecer cada quince días ante la justicia. Peinado argumenta que, aunque Gómez esté acompañada por fuerzas de seguridad debido a su condición, no se puede descartar que estos agentes colaboren en facilitar una posible fuga. Fuentes de Moncloa han calificado la acusación del juez contra la Policía Nacional como un ejemplo más del despropósito del proceso El auto judicial de 84 páginas firmado por Peinado impone estas medidas también a su asesora, Cristina Álvarez, hasta que se dicte una resolución firme. Esta decisión sigue a la audiencia preliminar celebrada en los juzgados de Plaza de Castilla, donde las acusaciones populares lideradas por Hazte Oír defendieron las medidas cautelares. El magistrado acusa a Gómez y su asesora de presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Además, el empresario Juan Carlos Barrabés también irá a juicio por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, aunque no se han impuesto medidas cautelares en su caso.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha expresado este sábado en la red social X su postura en torno al procesamiento judicial de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. España ha declarado que "todos saben lo que está pasando y por qué está pasando", haciendo referencia al juicio oral que enfrentará Gómez. El juez Juan Carlos Peinado ha dictaminado la apertura de juicio oral contra Gómez y ha decretado medidas cautelares que incluyen la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer cada quince días en la sede judicial. Los presuntos delitos atribuidos a Gómez comprenden tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Arcadi España ha afirmado estar convencido de que "la verdad se acabará imponiendo", aunque ha advertido de que "nada reparará el daño ya causado" El mensaje del ministro estuvo acompañado del hashtag #YoConBegoña, que ha sido usado también por otros dirigentes socialistas en señal de apoyo a Gómez.
El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha afirmado que sería una decisión "tonta" por parte de cualquier político futuro el intentar revertir el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar, que contempla la eliminación de la Verja a partir del próximo 15 de julio. Este acuerdo, según Picardo, ofrece beneficios tanto a los ciudadanos de Gibraltar como a los del Campo de Gibraltar, especialmente en términos de movimiento de personas y mercancías. En un reciente encuentro con medios españoles, incluido Europa Press, Picardo fue consultado sobre la posibilidad de que un futuro gobierno en España, compuesto por el Partido Popular (PP) y Vox, pudiera intentar suspender lo acordado. A este respecto, el líder gibraltareño enfatizó que no se debe entrar en acuerdos con miras a su disolución, aunque reconoció que todos los acuerdos deben tener una cláusula de desistimiento. Insistió en que lo importante es trabajar para que el acuerdo sea un éxito a largo plazo. Picardo resaltó que sería imprudente por parte de cualquier político intentar obstaculizar la fluidez y la prosperidad compartida que el acuerdo promete traer a Gibraltar y su entorno El ministro principal también abordó su relación con el PP, reconociendo que es "francamente mala" con algunos miembros, pero "muy buena" con otros. Recordó que las negociaciones sobre este acuerdo comenzaron durante el mandato del exministro de Exteriores español Alfonso Dastis, y expresó su convicción de que el PP estaría en desacuerdo con el acuerdo independientemente de su contenido, mientras no lo hubieran negociado ellos mismos. Respecto a la posibilidad de manifestaciones promovidas por Vox para reivindicar la españolidad de Gibraltar, Picardo recordó que cualquier protesta en Gibraltar requiere un permiso de la Policía Real de Gibraltar, y que actuar sin este sería ilegal. Además, mencionó que Javier Ortega Smith,…
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha manifestado su "más enérgica queja" a Isabel Perelló, presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a raíz de comentarios realizados por el juez Juan Carlos Peinado. Estas declaraciones, incluidas en un auto de 84 páginas, sugieren que los agentes encargados de custodiar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podrían facilitar su fuga y evadir la acción de la justicia. Grande-Marlaska ha subrayado que tales afirmaciones suponen "un grave cuestionamiento" de la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las cuales, según él, actúan estrictamente dentro de los límites legales y son una garantía fundamental del Estado de Derecho. El ministro ha criticado que las sospechas del magistrado afecten no solo a los agentes sino también a sus superiores, insinuando que podrían estar emitiendo "órdenes ilegales". Fernado Grande-Marlaska tacha de graves las acusaciones contra los agentes y sus superiores, instando al CGPJ a tomar medidas adecuadas El contexto de esta queja está relacionado con la apertura de juicio oral decidida por el juez Peinado, quien ha imputado a Begoña Gómez y a su asesora, Cristina Álvarez, de varios delitos, incluidos tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. En este proceso, el juez ha ordenado medidas cautelares como la retirada de pasaportes y la prohibición de salida del país. Los cargos se basan en la acusación de que, desde la llegada de Pedro Sánchez a altos cargos políticos, se habrían tomado decisiones públicas en favor de ciertos proyectos, beneficiándose de la posición de Gómez. Junto a ellas, el empresario Juan Carlos Barrabés también enfrentará juicio por delitos similares, aunque sin medidas cautelares.