El ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, actualmente también vicepresidente primero del Gobierno, enfrenta un estancamiento significativo en la tramitación de tres proyectos de ley en la Comisión de Economía del Congreso. Estos proyectos, aprobados en su momento por el Consejo de Ministros, aguardan avanzar en el proceso legislativo, con uno de ellos detenido desde hace más de dos años.
Las legislaciones en cuestión incluyen el proyecto para modificar los criterios de tamaño de las empresas respecto a la información financiera, la regulación de administradores y compradores de créditos, y la norma para crear la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero. Esta última, iniciada en la anterior legislatura bajo el liderazgo de Nadia Calviño, busca establecer una agencia que unifique los criterios para gestionar las reclamaciones entre clientes y entidades bancarias.
El retraso en la tramitación de estos proyectos refleja la complejidad política actual, influenciada por la oposición de partidos como PP, Vox y Junts.
El proyecto de defensa del cliente financiero, que casi se aprobó anteriormente pero decayó tras un adelanto electoral, fue reenviado al Congreso en esta legislatura. Sin embargo, su examen sigue pendiente desde diciembre de 2024. Este retraso ha provocado que quede fuera de las reformas necesarias para obtener fondos del Plan de Recuperación de la Unión Europea, lo que complica aún más su tramitación.
A pesar de las dificultades, desde el Ministerio de Economía se asegura que la Autoridad del Cliente Financiero es una prioridad y se prevé intentar su aprobación en el Congreso. Asimismo, la Comisión de Economía sigue pendiente de procesar la ley sobre la regulación de administradores y compradores de crédito, que busca obligar a los prestamistas a tener políticas de renegociación de deudas y proteger a los consumidores financieros. Este proyecto llegó al Congreso en marzo de 2025, pero su avance también se ha visto demorado.
Por último, la legislación que modificaría los criterios de tamaño empresarial para información financiera se presentó en noviembre de 2025 y aún está en fase de enmiendas. La situación general sugiere una tramitación complicada, reflejo de la difícil aritmética parlamentaria actual.
