La Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) han presentado una denuncia ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Las organizaciones solicitan una investigación sobre la posible importación y comercialización en España de productos agrícolas provenientes de territorios palestinos ocupados ilegalmente, que estarían etiquetados como si fueran originarios de Israel.
La denuncia apunta a que algunas frutas y hortalizas, presentadas como productos israelíes, podrían infringir el Real Decreto-ley 10/2025, el cual prohíbe la entrada de dichos productos en suelo español si su verdadero origen no se refleja correctamente en el etiquetado. Según un comunicado respaldado por el informe Importando la Ocupación, del centro de litigación Global Echo, y una investigación periodística del diario Público, durante los últimos años, España se ha destacado como uno de los principales mercados europeos para ciertos alimentos originarios de Israel.
Las organizaciones denuncian que España ha importado grandes cantidades de productos agrícolas israelíes, lo que requiere asegurar que su origen esté claramente trazado y reflejado en su etiquetado
En 2025, el país importó 43.825 toneladas de patatas por 26,59 millones de euros y cerca de 2.900 toneladas de dátiles por unos 17 millones de euros. Las frutas, hortalizas y semillas representaron el 81% de las importaciones totales desde Israel. De confirmarse las irregularidades denunciadas, los consumidores estarían recibiendo una información errónea sobre el origen de los productos, lo que contravendría las normas de consumo y etiquetado.
Tanto CECU como COAG advierten que estas prácticas podrían suponer "competencia desleal" para los agricultores que cumplen con la normativa europea y española. Además, se insta a investigar el posible uso indebido de certificaciones fitosanitarias y ecológicas, que podrían no ajustarse a la normativa europea vigente.
La denuncia solicita a la Dirección General de Consumo que use sus competencias de inspección para averiguar el origen real de los productos, identificar a los operadores implicados y, si se confirman las irregularidades, iniciar procedimientos sancionadores.
El secretario general de COAG, Andrés Góngora, recalca la importancia de investigar estos hechos, subrayando que permitir la entrada de productos de territorios ocupados, bajo un origen distinto al real, causa una "grave distorsión de la competencia" para quienes producen siguiendo las estrictas normas europeas. Por su parte, el director de CECU, David Sánchez Carpio, insiste en que "la transparencia es imprescindible para un consumo informado y acorde con los valores personales". Las organizaciones reclaman una investigación exhaustiva y cumplimiento estricto de la legislación vigente.
