El Congreso se prepara para debatir y votar este jueves, 23 de julio, en una sesión extraordinaria, un nuevo decreto ley que incluye medidas fiscales destinadas a amortiguar el impacto del conflicto en Oriente Medio. Entre las medidas destacan la prórroga de ayudas fiscales para los carburantes y la eliminación progresiva del impuesto sobre la producción de energía. Aunque el Gobierno ya había aprobado un paquete inicial de medidas para mitigar los efectos de la guerra en Irán, la duración limitada de estas y la persistencia del conflicto han forzado la introducción de un segundo conjunto de acciones.
El nuevo paquete incluye una reducción del impuesto especial a los hidrocarburos que supondrá un alivio de 15 céntimos por litro en julio, reduciéndose a 10 céntimos en agosto y a 5 céntimos en septiembre. Sin embargo, se elimina la rebaja del IVA al 10% de los carburantes, siguiendo recomendaciones de Bruselas. A pesar de este cambio, se ha establecido una cláusula automática que prevé la reinstauración de un descuento de 20 céntimos por litro si el conflicto escala y aumenta la inflación de los carburantes.
Las medidas también contemplan la supervisión mensual del Índice de Precios al Consumo para ajustar posibles reducciones en precios de electricidad y gas, que se reactivarán si el IPC supera el 15% con respecto al año anterior. Se mantiene un descuento de 20 céntimos por litro para los sectores primario y de transporte, y la agricultura recibirá un impulso adicional de 165 millones de euros para la compra de fertilizantes, sumados a los 500 millones ya disponibles.
La aprobación de este decreto implicará un apoyo fiscal adicional de 1.825 millones de euros para 2026 y una caída en la recaudación de 2.700 millones de euros en 2027 y 2028
Por otro lado, la norma impulsa la eliminación gradual del impuesto sobre la producción de energía eléctrica, rebajando el tipo impositivo del 7% a un 5% para los próximos dos trimestres, 3,5% en 2027 y prevé su eliminación total en 2028. Esta medida podría aumentar la producción industrial en 2.600 millones de euros anuales y generar unos 3.700 empleos.
El decreto también prorroga la prohibición de despidos para las empresas que reciban ayudas relacionadas con la guerra y flexibiliza los plazos para las inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En el ámbito social, se mantienen los descuentos del bono social eléctrico y se prohíbe el corte de suministros básicos a hogares vulnerables. Además, se incentivará la generación de energía renovable y la producción de biogás mediante un sello de excelencia desarrollado por el Organismo Nacional de Normalización, que facilitará la tramitación preferente de los proyectos destacados por su impacto social, territorial y ambiental.
