La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha manifestado su intención de elevar los requisitos para que las comercializadoras eléctricas accedan y se mantengan en el mercado español. La propuesta del organismo regulador busca que estas empresas acrediten una adecuada capacidad técnica y económica antes de comenzar a operar, con el objetivo de mitigar los problemas de solvencia que han afectado al sistema eléctrico en los últimos años.
Con esta reforma, la CNMC pretende reinstaurar un régimen de autorización administrativa previa para las comercializadoras, reemplazando el modelo actual basado en una declaración responsable. Esta medida busca contener el incremento de impagos en el sector energético, que ya suma más de 243 millones de euros en compras de energía no respaldadas por garantías. El informe del regulador subraya las deficiencias del sistema establecido en 2009, que permite a cualquier empresa iniciar sus operaciones sin una previa verificación administrativa de su solvencia.
Esta situación ha posicionado a España como el país europeo con mayor número de comercializadoras activas, alcanzando las 564 empresas, de las cuales 445 están operativas con clientes a finales de 2025. Sin embargo, este alto número de operadores oculta un significativo nivel de impagos, lo que encarece el sistema. Entre 2022 y 2025, fueron inhabilitadas 39 comercializadoras por incumplir las normativas vigentes.
El sistema actual ha generado un hueco financiero de casi 300 millones de euros debido a los impagos acumulados por algunas comercializadoras eléctricas
Además de los 243 millones de euros en compras sin cubrir, existen 14 millones de euros en deudas por peajes de acceso a la red y cargos, así como una estimación de deuda fallida que podría alcanzar hasta 40 millones de euros, de acuerdo con datos de marzo de 2026. El regulador advierte que estos problemas no solo impactan económicamente al sector, sino que también dañan su reputación.
Con el Real Decreto 88/2026, se reforzaron los requisitos para operar en el mercado, incluyéndose nuevas obligaciones de capacidad técnica y económica. No obstante, la CNMC sigue considerando crucial la imposición de un capital social mínimo de 60.000 euros para las comercializadoras. También propone medidas adicionales, como evaluar los antecedentes de los administradores y directivos, para prevenir futuras irregularidades.
La CNMC destaca la importancia de que los comercializadores depositen garantías adecuadas frente a operadores del mercado y del sistema para cubrir posibles impagos. Se sugiere, asimismo, que estas empresas dispongan de medios técnicos y humanos cualificados y de un plan de previsión para garantizar su viabilidad. Finalmente, el Real Decreto 88/2026 introduce una novedad: las comercializadoras que no presenten las garantías exigidas no podrán captar nuevos clientes, medida que se propone aplicar ante cualquier incumplimiento.
