El Gobierno ha reafirmado su apoyo a Belén Gualda, presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a pesar de que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha imputado a Gualda junto a otros 24 investigados en el conocido como 'caso Leire Díez'. Este caso investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos y la concesión de ayudas estatales.
Según fuentes gubernamentales, en el proceso judicial no se ha encontrado ningún elemento que comprometa a la presidenta de SEPI. Por ello, el Ejecutivo sigue confiando en Gualda y destaca el gran trabajo que ha realizado al frente de una empresa pública que ha contribuido a salvar miles de empleos. El Gobierno asegura que respeta las decisiones judiciales y colaborará plenamente con la investigación, defendiendo además la integridad de los profesionales de la SEPI y la rigurosidad de los expedientes del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).
El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas ha sido fundamental para garantizar la viabilidad de 30 empresas consideradas estratégicas y proteger cerca de 62.000 puestos de trabajo
La reacción del Gobierno se produce después de que la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señalaran indicios de criminalidad en algunas operaciones del FASEE. Estas operaciones, que incluyen una ayuda de 112,9 millones de euros a Tubos Reunidos, podrían haber estado influenciadas por presiones e intermediaciones ilícitas a cambio de comisiones.
A pesar de las sospechas, fuentes gubernamentales subrayan el sistema de controles y fiscalización que ha regido el FASEE desde su creación. Destacan que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha auditado la gestión del fondo favorablemente, validando el cumplimiento de la normativa aplicable cada año. Además, la Comisión Europea respaldó en julio de 2020 la normativa del FASEE, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ratificó en junio de 2024 el régimen de ayudas del instrumento.
El Gobierno también recuerda que el Tribunal de Cuentas, en un informe de septiembre de 2024, avaló las ayudas del FASEE, concluyendo que la SEPI aplicó adecuadamente la normativa, los requisitos y las condiciones de financiación. Con estos argumentos, el Ejecutivo respalda la actuación de la SEPI y su presidenta, afirmando que el diseño y ejecución del fondo se han llevado a cabo bajo criterios estrictos de legalidad y supervisión institucional.
