Antonio Garamendi ha sido reelegido presidente de la CEOE para los próximos cuatro años en la Asamblea Electoral celebrada este jueves en Madrid. El empresario vasco, único candidato al cargo, inicia así su tercer mandato al frente de la patronal sin que haya sido necesario celebrar una votación.
Desde que anunció el pasado mes de junio su intención de presentarse de nuevo, Garamendi ha reunido el respaldo de numerosas organizaciones integradas en la CEOE. Entre ellas figuran las patronales de Madrid, CEIM; Cataluña, Foment; y País Vasco, Confebask, además de Confemetal, la organización de autónomos ATA y Asedas, la patronal de Mercadona y Lidl. Estos apoyos superaban los avales necesarios para formalizar su candidatura y abarcaban una amplia mayoría de organizaciones territoriales y sectoriales.
La continuidad de Garamendi ha sido posible tras la decisión de la CEOE de suprimir el límite de dos mandatos que había introducido Juan Rosell. La patronal aprobó ese cambio durante el mandato iniciado en noviembre de 2022, lo que abrió la puerta a una nueva candidatura del actual presidente.
La eliminación del límite de dos mandatos ha permitido a Antonio Garamendi optar a una tercera etapa al frente de la CEOE
Garamendi fue elegido por primera vez en noviembre de 2018. Cuatro años después renovó su mandato con 534 votos en la Asamblea Electoral, frente a los 87 que obtuvo Virginia Guinda, miembro de la patronal catalana Foment del Treball.
Nacido en Gexto (Vizcaya), es el quinto presidente de la CEOE desde su fundación en 1977. Le precedieron en el cargo Carlos Ferrer Salat, José María Cuevas, Gerardo Díaz Ferrán y Juan Rosell.
Las reformas laborales y la negociación salarial, entre los retos del nuevo mandato
Garamendi afronta los próximos cuatro años en un contexto de tensiones con el Ministerio de Trabajo por sus iniciativas legislativas. Durante el anterior mandato mantuvo varios enfrentamientos con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, la reforma del registro horario, los cambios en el despido que quiere impulsar el ministerio y las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI).
A esas discrepancias se suma la reforma para evitar que los pluses y complementos salariales sean absorbidos por el SMI. Tanto esta iniciativa como la modificación del registro horario, comprometida por el Gobierno con los sindicatos y todavía pendiente de aprobación, forman parte de los asuntos que deberá abordar en esta nueva etapa.
También tendrá que afrontar una nueva subida del SMI, situado actualmente en 1.221 euros mensuales en catorce pagas, en un escenario inflacionista marcado por el aumento de los costes energéticos.
En el diálogo bilateral con CCOO y UGT queda pendiente la negociación de un nuevo acuerdo interconfederal de negociación colectiva. Ese pacto deberá fijar las orientaciones salariales para los negociadores de convenios durante los próximos años.
