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11 julio 2021

¿Hay gasto superfluo en la administración?

Por María Cadaval, profesora de Economía Univerisdade de Santiago de Compostela La economía vuelve a crecer. Así lo reflejan los datos de afiliación a la seguridad social, la reducción de los trabajadores afectados por un ERTE, el Índice de Producción Industrial, las exportaciones o la movilidad de la población. Pese a esta mejora, el desequilibrio de las cuentas públicas está asegurado, la deuda -como el stock generado por el flujo de déficit- continuará por encima del 100% del PIB y el resultado aritmético de restar el importe de los gastos a los ingresos no financieros seguirá pivotando sobre la necesidad de incrementar los segundos y de racionalizar los primeros. Con la discusión de los ingresos adiada tras el anuncio de una reforma fiscal en stand-by hasta marzo de 2022 y la aprobación de la enésima ley contra el fraude fiscal -necesaria en la medida en que se cuelan por los agujeros del sistema tributario algo más de 60.000 millones de euros al año-, se apremia al Gobierno a que diseñe un plan de consolidación fiscal, que debe fijarse también en la olvidada racionalización del gasto. La ejecución del gasto público en España es relativamente inferior a la de sus homólogos europeos. Según Eurostat, el gasto del sector público se sitúa ligeramente por encima del 42% del PIB, es decir, está 4,6 puntos por debajo de los 18 países europeos que superan la media del 46,7%, y por encima de los 10 países que no la alcanzan. Si a esto se une el amplio abanico de servicios que presta el sector público español, no parece coherente afirmar que exista un problema de exceso de gasto público, pero sí lo hay –y grave- de eficiencia en su ejecución. Entre las causas que se pueden achacar a este hecho está la propia creación…

11 junio 2021

La deuda pública roza los 1,4 billones de euros tras crecer un 13,7% durante la pandemia

Cada español soporta ya 29.700 euros de pasivo de la Administración. La deuda de las administraciones públicas se incrementó en el primer trimestre hasta el máximo histórico de 1.392.733 millones de euros, alcanzando el récord del 125,3% del PIB, según publica el Banco de España este viernes. En el último año la deuda pública se ha incrementado en 168.213 millones de euros, lo que representa un repunte del 13,7%, como consecuencia de la crisis del Covid-19, que ha recortado los ingresos y ha elevado los gastos para financiar las medidas de apoyo aprobadas. De esta forma, la deuda pública marcó su máximo histórico en el primer trimestre de este año, tras el repunte iniciado ya en los primeros meses de 2020 con el decreto del estado de alarma, cuando escaló al 99,1% del PIB. En consecuencia, la ratio de deuda pública sobre PIB se sitúa ya en el 125,3%, lo que supone 5,4 puntos porcentuales más respecto a la cifra de cierre de 2020, cuando alcanzó el 119,9% del PIB. El dato marcado en el primer trimestre (125,3% del PIB) ya supera el objetivo del Gobierno para todo el año (119,5%), si bien desde Economía matizan que en los primeros meses del año siempre se aceleran las emisiones por las mayores amortizaciones en abril y que, posteriormente, la cifra irá convergiendo hacia el objetivo establecido en el Plan de Estabilidad. Baja la deuda de las corporaciones locales Por administraciones, la deuda pública se incrementó en todas entre los meses de enero y marzo de este año, salvo en las corporaciones locales. Así, la deuda del Estado subió en el primer trimestre a 1.247.876 millones de euros, un 14% más que hace un año, lo que representa el 112,3% del PIB, con un alza de 4,7 puntos porcentuales respecto al cierre…

28 mayo 2021

El Gobierno convoca 10.254 plazas de empleo público en la Administración General

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la convocatoria del Ministerio de Política Territorial y Función Pública de 10.254 procesos selectivos para la Administración General del Estado (AGE), cuyos exámenes se realizarán en el mes de noviembre. En las 10.254 plazas publicadas este viernes ya se aplica una de las medidas que presentó el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, esta semana para agilizar los procesos selectivos, que es la realización de dos exámenes, teórico y práctico, el mismo día, lo que permitirá acortar la duración del desarrollo de las pruebas y evitar desplazamientos a los opositores. Del total de plazas, destacan 3.803 plazas para el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (850 turno libre, 2.950 promoción interna y 3 para estabilización) y 3.162 para el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (650 turno libre, 1.500 promoción interna y 1.012 estabilización). También hay 2.239 plazas para el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (781 libres, 1.050 promoción interna y 408 estabilización) y 480 plazas para el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado (280 ingreso libre y 200 promoción interna). Según ha explicado el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, estas plazas corresponden a ofertas de empleo público de 2019 y 2020 y a las ofertas de estabilización de 2018. Los exámenes se celebrarán en el mes de noviembre. El Ministerio de Función Pública ha publicado las nuevas orientaciones para actualizar los procesos selectivos, para adaptarlos al relevo generacional, la irrupción de la inteligencia artificial y las nuevas necesidades de talento que requiere la Administración del siglo XXI. Según dijo Iceta, la idea es la de agilizar los procesos selectivos y que estas orientaciones se vayan aplicando de forma gradual hasta…

30 marzo 2021

A dedo, mínimo control y mínima transparencia: Radiografía de los contratos de emergencia de la Administración

Compra de mascarillas y otros suministros; concesiones de televisión pública; gestión de piscinas; compras de pistolas táser y hasta tres camellos para la cabalgata de Reyes son algunos de los contratos adjudicados Tan solo cuatro empresas se llevaron uno de cada diez euros adjudicados "de emergencia" El 13 de marzo de 2020, un día antes del decreto del estado de alarma, el BOE publica que la Administración General del Estado (AGE) puede usar la contratación de emergencia para "atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente a la Covid-19". Dos semanas más tarde, se amplía la posibilidad a todas las administraciones públicas y, además, se abre la veda al pago por adelantado, ni siquiera es necesaria la firma. En este contexto debemos preguntarnos qué es emergencia y qué no lo es. Si bien las necesidades sociosanitarias precisaron la toma de decisiones extraordinarias como esta, la actuación de las entidades públicas, en ocasiones, dista mucho de la buena praxis. Una investigación periodística realizada por Civio analiza los gastos de las administraciones públicas durante todo 2020 y destaca la arbitrariedad de algunos de estos contratos. Pero no es lo único que señala la compañía, también los plazos en la publicación está en tela de juicio. De los 15 días ordinarios a una media de 43 días, sin tener en cuenta, siquiera, los que todavía no han sido publicados. La mayor parte del presupuesto, 5.398 de los 6.445 millones de euros destinados a contratos de emergencia, sí se destinaron a la compra de suministros. Mascarillas, vestimenta de protección (casi 3.000 millones), test (594 millones)... Sin embargo, el gasto público se destinó también a otras cuestiones. Escenario de emergencia, gestión en evidencia Las administraciones públicas españolas adjudicaron a dedo, sin…

03 marzo 2021

La digitalización de la Administración: política de Estado

Por Óscar Cortés, ex asesor de Transformación Digital del ministro de Justicia (2014-2018). Hace unos días, el presidente del Gobierno presentó públicamente el Plan para la Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2015. Aunque pueda parecer una novedad, los esfuerzos por digitalizar la Administración española vienen de antaño: planes, reformas normativas y proyectos se han venido sucediendo en los últimos veinte años, en un proceso con sus luces y sus sombras. Entre las luces, destacan los importantes avances en la oferta de servicios públicos online que, según el último Digital Economy and Society Index 2020, sitúan a nuestro país como uno de los punteros en Europa. Además, destaca la reconocida digitalización de la Agencia Tributaria o la ambición por superar el viejo procedimiento administrativo, con la aprobación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, que ambiciona un nuevo proceso digital. Sin embargo, la crisis de la Covid-19 ha evidenciado las carencias de una digitalización del sector público que ha sido desigual y poco orientada a empresas y ciudadanos. La suspensión de los plazos administrativos y judiciales, tras el primer estado de alarma en marzo de 2020, fue debida en gran parte a la insuficiente capacidad digital, lo que, en ámbitos como la Administración de Justicia, supuso un auténtico cierre de derechos. La lentitud en resolver la avalancha de solicitudes en los servicios de empleo y Seguridad Social, la complicada gestión de los datos sanitarios, o el fracaso de la Radar Covid, han puesto de manifiesto la dificultad a la hora de abordar con flexibilidad nuevas soluciones; la fragmentación de sistemas; lo lejana que está la interoperabilidad; la baja capacitación digital de los empleados públicos o la obsolescencia de estructuras y procedimientos en un modelo burocrático que no ha evolucionado. Para más inri, los ciudadanos se han…